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A 4 años y 10 meses del asesinato de Sandra Cabrera
Una impunidad estructural

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina presentó en Rosario el Primer Registro Nacional de Crímenes Contra Trabajadoras Sexuales. Al menos, 27 mujeres fueron asesinadas en los últimos 12 años en Argentina y solo en un caso se obtuvo condena. Todos presentan los mismos patrones: hostigamiento, persecución policial, torturas y muerte. En Rosario, el único imputado por el asesinato de Sandra Cabrera fue sobreseído en el 2007. enREDando dialogó con el periodista Carlos Del Frade y la dirigente gremial de AMMAR, Claudia Lucero.

“Al menos 27 mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en los últimos 12 años víctimas de la violencia institucional y de la doble moral de importantes sectores de la sociedad. Los crímenes presentan un mismo patrón: hostigamiento, amenazas y maltrato policial, pedido de coimas, torturas salvajes y muerte.” Esto se denuncia en el Primer Registro Nacional de Crímenes Contra Trabajadoras Sexuales publicado y relevado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina el pasado 27 de octubre en la ex Jefatura de policía en Rosario. Tan solo un caso tuvo condena en estos últimos 12 años mientras el resto de los crímenes siguen impunes, no hay detenidos, los imputados fueron sobreseídos y los medios de comunicación y la sociedad hacen oídos sordos a los gritos desesperados de las mujeres meretrices. “El asesinato de una trabajadora sexual no importa a nadie”.

Una extensa lista con 27 nombres de mujeres asesinadas reflejan la impunidad de un sistema que viola los derechos humanos y encierra una compleja trama de poder que involucra a empresarios de la noche, funcionarios públicos y policías. “Este registro evidencia la selectividad del sistema penal que castiga y encarcela a las personas más pobres, mientras deja libres a los asesinos de trabajadoras sexuales, pese a contar prácticamente en la totalidad de los casos con pruebas contundentes” denuncia el informe. En la presentación estuvieron presentes Claudia Lucero, Secretaria general de AMMAR Rosario, Elena Reynaga, Secretaria general de AMMAR a nivel nacional, el periodista Carlos Delfrade, Gustavo Martinez de la Asociación Trabajadores del Estado y Victorio Paulón de la UOM de Villa Constitución.

En la ciudad de Rosario, un nombre se plasma en la lucha de AMMAR en todo el país: Sandra Cabrera. La ex Secretaria General de Ammar Rosario, militante social de la ciudad, fue asesinada el 27 de enero de 2004 de un balazo en la nuca, “luego de denunciar el uso policial de los códigos de falta, las coimas y abusos y complicidad policial en la explotación sexual infantil y en la distribución de drogas”. El único imputado en la causa, el policía Victor Parvlucyk fue sobreseído el 22 de noviembre de 2007 por “falta de pruebas”, según la justicia. Un detallado informe y reelectura del la investigación judicial realizada por el periodista Carlos Del Frade da cuenta de las irregularidades de la causa judicial y la trama de complicidades de un “crimen estructural”.

“En la causa está demostrado por 3 camaristas de la Justicia Provincial, 2 jueces, distintos fiscales y distintos abogados que el tráfico de drogas en la ciudad de Rosario, utilizando como fuerza de trabajo extorsional, casi esclavizada a las trabajadoras sexuales, lo hace gente de la policía federal y provincial de la ciudad de Rosario, esas son estructuras estatales, por eso es un crimen estructural. Incluso, estos expedientes lo que revelan es que además de ese crimen estructural, se esta demostrando cómo un poder político como el que ostentaba en aquel momento el Ing. Jorge Obeid como gobernador de la Pcia. De Santa Fe saca de la ciudad de Rosario al titular de Drogas Peligrosas de la ciudad, el oficial Lomonte, que era el hombre que siempre había dicho que Parvlucyk siempre cumplía con lo que se le mandaba. Parvlucyk dice en el propio expediente que su oficial Lomonte le había pedido silenciar definitivamente a Sandra Cabrera y eso no se investigó”, apunta el periodista Carlos Delfrade quien llevo adelante una minuciosa investigación periodística del caso.

Lo que tampoco se investigó en la causa fueron las 18 amenazas de muerte que recibió Sandra Cabrera antes de ser asesinada, así como tampoco fue investigado el motivo por el cual se ordena levantar la protección policial que tenía Sandra tres semanas antes del crimen, “con lo cual había una zona liberada. También la causa revela que se miente ostensivamente cuando casi 30 policías responden mecánicamente que a las trabajadoras sexuales las tratan con decoro, humanismo y cortesía, una mentira absoluta. Una cuestión que también se muestra es una cuestión sexista, racista, clasista, cuando uno de los integrantes de la Cámara dice que no se puede tener en cuenta el testimonio de más de 20 trabajadoras sexuales porque se trata de mujeres que tienen una actividad que no puede ser calificada como de buena moral”, completa Del Frade.

Descartados estos datos de la investigación judicial por no encausar el caso dentro de los patrones de “crimen pasional”, “se deja naturalizado y archivado como funciona el tráfico de drogas hoy con dos estructuras del Estado que supuestamente están para combatir eso, como la policía federal y la policía provincial. Es algo inaudito lo de la justicia” expresa Del Frade. Desde AMMAR denuncian claramente la persecución policial y el pedido de coimas, pero además el accionar profundamente sexista de la justicia provincial. “La investigación por el crimen de Sandra Cabrera está a punto de cerrase y no fueron tomados en cuenta las 116 declaraciones testimoniales ni las 25 informativas recabadas en los primeros meses de investigación. El 7 de noviembre de 2004 la Cámara de apelaciones consideró que “los testimonios no son válidos porque provienen de “personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante”. Por el contrario, las declaraciones del personal policial sí fueron aceptadas.

El 10 de septiembre del año 2004 Sandra Cabrera denunció en los tribunales de Santa Fe a los jefes de la División de Moralidad Pública por “recibir dinero de boliches para impedir el trabajo de las mujeres en la calle, por amparar lugares de explotación sexual infantil y por cobro de coimas para no ser llevadas presas. A raíz de estas denuncias es desplazada la cúpula policial. ¿Quién mató a Sandra Cabrera? ¿Quién diseñó el crimen? ¿Quiénes se beneficiaron con su muerte? se preguntan las compañeras de AMMAR. Lo que reciben como respuesta es una trama de impunidad estructural “que hace posible la explotación de seres humanos, la democratización del narcotráfico y la impunidad de funcionarios estatales que en lugar de cuidad al pueblo, lo usan en beneficio propio.”

Por la derogación de los Códigos Contravencionales

El principal reclamo de las trabajadoras sexuales en Santa Fe es lograr la derogación de todos los Códigos Contravencionales que le otorgan a la policía la facultad de detenerlas arbitrariamente, amenazarlas, amedrentarlas, perseguirlas y extorsionarlas. “Durante los últimos años de la administración de Reutemann, Sandra Cabrera fue amenazada telefónicamente en el marco de una campaña por la derogación de las leyes que discriminan a las trabajadoras sexuales”.

La existencia de estos códigos que penalizan el trabajo sexual, posibilitan la detención constante de las mujeres meretrices. Por ello, desde el sindicato de trabajadoras sexuales se viene luchando desde hace años por la derogación de estos códigos y actualmente están realizando una campaña de recolección de firmas a nivel nacional. “Los códigos de contravención no están derogados. La situación es la misma, lo único que cambió es que no existe más la Moralidad Pública, pero están las seccionales, está el comando, la policía nos sigue persiguiendo. Después de la muerte de Sandra, a un mes, tuvimos una compañera en Baigorria que fue amenazada y golpeada”, detalla Claudia Lucero, actual secretaria general de AMMAR Rosario. “Continúa la hostigación, nos paran el móvil, viene algún policía y dice “te tenés que ir porque lo dice el vecino” y eso es mentira. Inventan para que la compañera le de plata y la dejen trabajar. Los comandos están en la zona roja y eso porque no se derogan los códigos y la policía sigue teniendo poder”.

La imperiosa necesidad de derogar cualquier tipo de código contravencional requiere, para Claudia Lucero de “voluntad política”. “Eso es lo que necesitamos, que se pongan los pantalones de una vez y dejen de prometer. El miedo está presente. Cuando yo le digo vamos a juntarnos, vengan, tienen miedo. No les puedo decir vamos a una marcha o cuando vamos a hacer un trabajo de investigación también. A mi misma me dicen “¿vos cómo te animás”? Y ahí la respuesta de Claudia lleva el recuerdo y la fuerza de su comadre Sandra Cabrera. “Yo dije cuando pasó lo de Sandra, tratemos de seguir porque sino se muere todo. Y ese es el compromiso y a la vez me hace que la muerte de Sandra no fue en vano, más allá de que no tengamos justicia. Pero no fue en vano, porque nosotras seguimos el camino que ella nos dejó. El día que se derogen los códigos no va a ser un logro nuestro, ese es el camino que nos preparado Sandra, por eso el logro va a ser de ella.”

La importancia de organizarse

“El proyecto de AMMAR se fundamenta en la importancia de la auto-organización de un sector de mujeres excluidas y marginadas, sometidas día a día e históricamente a todo tipo de maltratos, que buscamos fortalecernos, recuperar nuestra dignidad e identidad como personas, mediante la defensa de la libertad laboral”. Así se funda y se sustenta el trabajo como sindicato de mujeres meretrices en contra de la vulneración de los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, documentación y vivienda. Por ello, desde AMMAR sostienen “elegimos ser un sindicato luego de extensos debates sobre cómo encarar nuestra lucha para no ser reprimidas, discriminadas, maltratas y perseguidas. Hablamos de trabajo sexual como resultado de una larga batalla ideológica y política que, en el marco de la concepción de los derechos humanos y el respeto por la libre determinación de las mujeres que estamos involucradas, reemplazó el término prostitución. Eliminar la palabra prostituta nos permitió ubicarnos como personas, sujetos de derecho, más allá del trabajo que realizamos.”

¿Cómo seguir?

Para que el asesinato de Sandra Cabrera no quede impune con el sello estigmatizante de caso cerrado, para Carlos Del Frade es imprescindible seguir investigando y denunciando. “Creo que algún día esto se va a saber. Por lo menos la obligación de los militantes y trabajadores de prensa es informar a la ciudadanía de Rosario que desde el año 2004 está demostrado en los tribunales provinciales que la droga es manejada por la policía y esto está demostrado. Esa una obligación moral, política difundir este tipo de cosas”. Los 27 nombres de mujeres trabajadoras sexuales que fueron asesinadas están grabados en la memoria de las compañeras de AMMAR. Nadie investiga los casos. Estos crímenes están impunes por la inacción del poder judicial y la indiferencia de la sociedad. “Son consecuencia de la legislación que avala el maltrato y la persecución y atenta contra los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales”.





En el sitio web de AMMAR Nacional podés encontrar información sobre la causa judicial de Sandra Cabrera y el trabajo que realizan desde la organización.
 

Publicado el: 30/10/2008

Por María Cruz Ciarniello.
Categorías:
Derechos Humanos / Documento

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