Mujeres dirigentas y referentes de pueblos originarios estuvieron presentes los d?as 22 y 23 de octubre en Rosario, en el marco del Primer Encuentro Interprovincial de Mujeres de Pueblos Originarios por el acceso a la justicia en los casos de violencia de g?nero, organizado por el INSGENAR y la organizaci?n comunitaria Qomlasherolga, cuya referente es Ofelia Morales. ?La idea de generar este encuentro surge a partir de trabajar, detectar y denunciar casos de violaci?n a los derechos de la mujeres ind?genas y la negaci?n del acceso a la justicia que les hac?an cuando ellas iban a reclamar al poder judicial, el maltrato que recib?an por parte de la polic?a y todo el equipo del aparato de justicia. Nos pareci? que era necesario crear un espacio para hacer visible estas humillaciones permanentes, tratar de trabajar para que se termine la impunidad y han acudido mujeres de ocho pueblos originarios, pertenecientes a seis provincias. Todas vienen a denunciar y demostrar las dificultades que tienen para acceder a la justicia?, apunta Susana Chiaroti, integrante de Insgenar en di?logo con enREDando.

El objetivo es, tambi?n, generar una red de mujeres defensoras que dispongan de herramientas jur?dicas para defender los derechos de las mujeres de su comunidad en todos los casos de violencia de g?nero. Por ello, este espacio constituye el puntapi? inicial de una futura capacitaci?n que el Insgenar y la comunidad Qom de Rosario planifican realizar.

Adem?s de participar mujeres referentes de pueblos originarios, fueron invitados integrantes de organismos del Estado, quienes reflexionaron sobre el rol y la intervenci?n de las diferentes instituciones estatales en tres casos de violencia de g?nero, denunciados p?blicamente. ?Esto pone en evidencia los problemas que todav?a subsisten en nuestro pa?s sobre el acceso a la justicia. Adem?s, estos espacios sirven para que las mujeres se junten entre ellas, se articulen tambi?n con organismos del Estado y organizaciones sociales para poder modificar estas situaciones. No solo debemos quedarnos en el diagn?stico y en los testimonios de las situaciones aberrantes que sufren las mujeres pobres e ind?genas, sino tambi?n ver cu?les son las soluciones tanto normativas, como institucionales y pol?ticas? expresa la Dra. Ana Gonz?lez, directora nacional de Derechos Econ?micos, Sociales y Culturales e Incidencia colectiva de la Secretaria de Derechos Humanos de la Naci?n.

?Creo que en nuestro pa?s hay instituciones autoritarias, racistas y sexistas heredaras de gobiernos militares, autoritarios y patriarcales y que nosotros tenemos que ir transformando. Tres mujeres muy fuertes de tres pueblos distintos (mocov?, ava-guaran? y qom) contaron distintas experiencias de haber ido a reclamar justicia y que se les haya negado. Se presentaron en este encuentro en un Tribunal y luego, distintos funcionarios del Estado pertenecientes al Inadi, la Secretar?a de Derechos Humanos de la Naci?n y la Defensor?a del Pueblo respondieron con recursos que deben ponerse a disposici?n de ellas para avanzar y que no vuelvan a repetirse estos casos?, explica Chiarotti.

El encuentro funcion? con la modalidad de talleres durante dos d?as y se capacit? sobre aspectos jur?dicos y legales. Se trabaj? con el Convenio 169 de la OIT, la Convenci?n de la CEDAW y B?lem Do Para, con el objetivo de ?se?alar adonde tienen que denunciar cuando sus derechos son violados. Son instrumentos que ponemos a su disposici?n para que se los apropien?.

Los casos

Tres testimonios de mujeres ind?genas y luchadoras dieron cuenta de la violaci?n sistem?tica a los derechos humanos y a la vida digna que padecen las comunidades originarias en Argentina. Tan solo tres casos fueron necesarios para demostrar de qu? manera se le niega el acceso a la justicia a quienes adem?s de ser pobres e ind?genas, son mujeres. Ellas denunciaron el maltrato, el abuso sexual, la injusticia y la discriminaci?n sufrida ante diferentes organismos del Estado, algunos de los cuales hicieron acuse de recibo y peticionaron a su favor. Otras instituciones - como la polic?a y equipos jur?dicos dependientes del poder judicial- por el contrario, violaron y profundizaron las aberrantes injusticias padecidas, con fallos absolutorios y discriminatorios.

Los casos de violencia de g?nero en mujeres originarias y las respuestas injustas que les brinda el poder ejecutivo y judicial son cotidianas, profundamente racistas y con un marcado sesgo patriarcal, sobretodo en las comunidades que pertenecen a las provincias del norte del pa?s. Estos tres casos, p?blicamente denunciados, son ejemplo de ello.

Caso 1. Primer testimonio

En el a?o 2003 una ni?a toba de apenas 15 a?os fue abusada sexualmente en la localidad del Espinillo, provincia del Chaco, por tres j?venes criollos. A pesar de los ex?menes m?dicos que constataron la violaci?n, los da?os sufridos y las lastimaduras de la ni?a, los tres hombres blancos fueron absueltos por el poder judicial. ??Pueden acceder a la justicia las ni?as ind?genas que sufren abuso sexual?? comienza preguntando Ofelia Morales para despu?s, dar testimonio de lo ocurrido.

?Estos hechos son frecuentes en la zona pero habitualmente se arreglan regalando una vaca a la comunidad y tendiendo un manto de silencio sobre el hecho. Esta vez la v?ctima, su madre y otros j?venes de la comunidad se mantuvieron firmes, dijeron sentirse colectivamente humillados, algunos de ellos hicieron 80 km en bicicleta para pedir ayuda a la Secretar?a de Derechos Humanos de la Naci?n. La ni?a fue representada por un defensor de oficio mientras los acusados contrataron abogados especializados. El 31 de agosto del 2004, el juez Ricardo Gutierrez, actuante en la C?mara 2da en lo Tribunal de Roque Saenz Pe?a dicta sentencia. Los acusados quedaron absueltos de culpa y cargo. La justicia dej? de lado: la declaraci?n de la v?ctima a la que se?ala como ?t?mida y apocada?; el informe m?dico que determina lesiones, constatando tambi?n que la v?ctima lleg? con manchas de sangre y conmocionada; el informe del m?dico forense efectuado 72 horas despu?s y que corrobora el certificado m?dico anterior; el testimonio de tres personas que observaron los hechos. Estos testimonios fueron desechados por motivo de discriminaci?n racial. Para descalificar la demoledora prueba en contra, el juez utiliza argumentos basados en prejuicios sexistas, adem?s cruzados por la desvalorizaci?n por la pertenencia ?tnica racial de la v?ctima. La fiscal?a confunde el delito de violaci?n con la violencia sexual que puede estar presente en un acto consentido, por lo cual la violencia es un dato que resulta indiferente.

El caso llega a conocimiento de Insgenar y CLADEM quienes toman contacto con la familia y presentan una comunicaci?n al Comit? de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, quienes aceptan el caso y actualmente est? en tratativas.?

Caso 2. Segundo Testimonio

Dora Salte?o es la presidenta de la comunidad mocov? de Colonia Dolores y es quien, frente al tribunal de funcionarios del Estado, present? el caso de una ni?a de la comunidad que luego de ser violada, fue arrebatada de su n?cleo familiar por orden del poder judicial. Posteriormente, fue institucionalizada en diferentes hogares de menores de la Pcia. Santa Fe y Buenos Aires.

?En el 2006 tuvimos un caso de violaci?n de una ni?a de 9 a?os, que fue el primero en la comunidad. La mam? fue quien la llev? al centro de salud, muy asustada. La enfermera que estaba de guardia la llev? a un hospital donde estuvo internada durante tres d?as sin que la familia cercana pudiera visitarla, ya que la polic?a le negaba el permiso. La nena fue dada de alta y a los 2 d?as el juzgado la traslada al Hogar Casa de la Ni?a en Santa Fe. Desde la comunidad siempre se tuvo contacto con el hogar para ver como estaba la ni?a. El 9 de noviembre me expreso por medio de una nota al juez como guardadora de la menor hasta que se resuelva el caso. El 12 de noviembre se eleva una nota a la Coordinadora de la Subsecretar?a de Ni?ez, Adolescencia y Familia firmada por las distintas instituciones de la localidad y la comuna, donde en la misma le solicito la intervenci?n de ella para otorgar la guardia provisoria de la menor a mi, hasta tanto se resuelva la situaci?n legal de la nena. El 17 de noviembre el juzgado otorga la guardia provisoria por 25 d?as, plazo en el cual se deber? definir el grupo familiar a largo plazo. Por disposici?n de la jueza interviniente la ni?a no puede regresar a su familia biol?gica ni a la comunidad. Durante los meses de diciembre y enero empieza un proceso de acercamiento entre la ni?a y una familia de Rosario.

El 22 de enero recibo una c?dula del juzgado donde se hace menci?n que la nena debe ser trasladada al mismo para hacer contacto con las se?oras que la iban a adoptar y el 2 de febrero me presento con la ni?a donde esa misma ma?ana es llevada a Buenos Aires por una familia. Como la ni?a no se adapta, es devuelta quedando a disposici?n del juzgado de menores de Santa Fe. Hasta el 8 de febrero se desconoc?a el paradero de la ni?a, quien adem?s ten?a una hermanita de 4 a?os a quien tambi?n la jueza orden? retirarla de su grupo familiar, ya que, seg?n ella, la comunidad no ofrec?a garant?as para que la ni?a este all?. El 22 de febrero se solicita el paradero a la jueza sin obtener respuestas favorables. Se solicita la intervenci?n de la Secretar?a de Derechos Humanos y la Defensor?a del Pueblo. Se sabe oficialmente que la ni?a se encontraba en un hogar en la localidad de San Genaro. El 13 de marzo la jueza resolvi? finalmente otorgar la custodia definitiva a su grupo familiar.?

Entrevistada por enREDando, Dora Salte?o afirma que la ?jueza avasall? todos los derechos de la ni?a. La quitaron de la comunidad diciendo que no ofrec?a garant?as para el cuidado de la ni?a. Fue llevada a la Casa de la Ni?a, luego a un Hogar en Buenos Aires totalmente distinto a nuestra cultura, donde estuvo 3 d?as, fue devuelta nuevamente al juzgado, no nos dec?an el paradero de ella y estaba en un hogar en San Genaro. Estuvimos cinco meses con este caso, hasta que finalmente logramos que la jueza lo revea y finalmente la ni?a sea devuelta a su comunidad. Adem?s, ella ten?a una hermanita a quien tambi?n se le ordena que se la separe de su familia?.

Los cinco meses de lucha por la restituci?n a su familia estuvieron plagados de dolor ante la prepotencia de la justicia de menores. ?Tuvimos muchos d?as de lucha y sufrimiento de la comunidad, all? somos muy unidos. La justicia debe ver que somos distintos por nuestra cultura. Creo que estos encuentros son importante porque aprendemos de otros testimonios?, finaliza.

Caso 3. Tercer Testimonio.

Leonarda Chavarreta es cacique de la comunidad Ava Guaran? de Pocitos, provincia de Salta. Su reclamo ante la justicia fue por cinco hect?reas de tierra que le pertenec?a por generaciones, pero de los jueces solo obtuvo maltrato y violaci?n a las leyes que defienden los derechos ind?genas.

?El Sr. juez me dijo que los indios eran indios y nunca van a levantar la cabeza. Discutimos y plantee el tema de las leyes ind?genas. Inmediatamente fue a la radio y a los canales. No hay respeto a los derechos ind?genas. Nosotros estamos organizados pero no somos respetados. He llegado a tener un caso muy grande con una condena de 1 a?os y seis meses, he recurrido a los derechos humanos a nivel nacional y provincial y al inadi y no he tenido respuestas. Me ha agarrado una depresi?n por la condena. Cai en cama y me tuvieron que operar. Dec?an que ten?a un c?lculo en la ves?cula pero no era as?. Esto era la lucha que reclamamos. Todos los caciques tenemos causas. Todos estamos procesados. Ning?n cacique es libre en este momento. Llega una intimaci?n y tenemos que salir a declarar. Tenemos un derrame de sangre en una comunidad wich? a 6 km adentro de Tartagal, murieron varios hermanos.?

En di?logo con enREDando, Leonarda expresa: ?Gracias a dios ha sido expropiado mi terreno, pero ahora estoy esperando que salga un solo t?tulo propietario. Todos necesitamos la tierra, tambi?n mis hermanos criollos. Soy la ?nica en la provincia de Salta que he logrado esta expropiaci?n de tierra. Ahora estoy esperando que me llame el juez. En mi comunidad soy docente biling?e y peleo por los ni?os indefensos. Esa es la lucha m?a. Adem?s tenemos una persecuci?n total, la mayor?a de los caciques tenemos juicios, dos por tres nos llaman a declarar. Es una lucha ind?gena por la tenencia de las tierras. El Estado no respeta el derecho cultural de los pueblos ind?genas, sin embargo nosotros respetamos las causas judiciales, siempre vamos a declarar, pero el Estado no cumple con la legislaci?n nacional. Es nuestro derecho a la vida, estamos vivos, estamos peleando, nos estamos jugando la vida, porque estamos peligrando que nos maten. Somos las ra?ces y nos quieren destroncar, pero nosotros buscamos una integraci?n social. Nuestro rostro nos dice que somos ind?genas?, puntualiza con firmeza Leonarda Chavarreta.

Los tres testimonios reflejaron la dureza que en cifras muestra la dimensi?n de una problem?tica. Esta vez no hicieron falta los n?meros, sino las palabras de historias de vida que sufren con el cuerpo la marca de la discriminaci?n, tristemente naturalizada en la sociedad y en los estamentos del Estado. Un reclamo justo por la tierra y la criminalizaci?n de esa protesta; la apropiaci?n de la vida de una ni?a mocov? por parte de la Justicia de menores y el fallo discriminatorio de un juez que no dud? en dejar en libertad a tres hombres que violaron a una nena qom, son las voces latentes que se multplican en otras, an?nimas y silenciosas que en distintos partes del pa?s, piden y seguiran pidiendo por justicia.

La respuesta, desde el Estado

En esta entrevista, la Dra. Ana Gonz?lez de la Sec. de DD.HH de la Naci?n analiza la intervenci?n del Estado en los tres casos denunciados p?blicamente. Compartimos el audio.