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Paro y movilización
Ante los reclamos, el despido

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, despidió a un trabajador contratado del Instituto de Recuperación del Adolescente (Irar) cuya principal función es la de acompañar y garantizar el ejercicio de derechos básicos de los pibes allí detenidos. La medida, basada en argumentos infundados según notificaron trabajadores en asamblea nucleados en ATE, se agrava por tratarse de un trabajador precarizado. Los acompañantes juveniles declararon un paro por tiempo indeterminado y exigen la inmediata reincorporación del compañero. En Irar, los pibes detenidos continúan padeciendo condiciones deplorables de detención y falta de servicios básicos como el agua potable.

Bronca. Impotencia. El gesto arrugado en la cara. Las sensaciones se mezclan. Frente a la sede de la Gobernación, en una mañana fría y gris, los laburantes del Irar se movilizaron para denunciar y repudiar el despido injustificado y arbitrario de Raúl Yuale, un acompañante juvenil que desempeñaba una tarea fundamental: la de acompañar a los jóvenes alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos básicos.

Sin embargo, el gobierno de la provincia decidió unilateralmente rescindir su contrato laboral, mediante una resolución contractual basada en "argumentos infundados" que nada tienen que ver con el compromiso asumido y demostrado diariamente en el trabajo constante que este laburante realizaba dentro del Instituto, junto a los jóvenes detenidos, y también por fuera, generando espacios de participación política en los barrios. 

¿Qué sucedió? Una resolución firmada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, puso punto final a una situación que no responde únicamente a un vínculo laboral (precarizado) sino, fundamentalmente, a un vínculo humano establecido entre los acompañantes juveniles y los pibes adolescentes que son alojados en esa cárcel mal llamada “Instituto de Recuperación del Adolescente”. 

Las graves condiciones de detención fueron denunciadas por el cuerpo de trabajadores del Irar, entre los que se encontraba Raúl, asumiendo junto a sus compañeros, el compromiso de hacer visible una realidad incontrastable que oculta un altísimo grado de violencia institucional: el Irar es una cárcel y como tal, viola los derechos humanos de los jóvenes amparados bajo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Denunciar esta situación y movilizarse constantemente por los derechos de los adolescentes generó, como respuesta por parte del Estado, el despido de un trabajador del Instituto.

Las voces de los laburantes comprometidos en su tarea intentan dar cuenta de lo que sucede detrás de los muros de este lugar donde más de 40 pibes están presos en condiciones deplorables. A pesar de las denuncias realizadas en medios de comunicación, la realidad en Irar no cambió. Por el contrario, parece agravarse aún más con este hecho que visibiliza, a su vez, la precarización laboral en la que se desempeñan los acompañantes juveniles, con contratos de locación que no garantizan derechos laborales básicos. 

El cuerpo de trabajadores de Irar denuncia la persecución ideológica ejercida por el gobierno y "un intento de disciplinamiento político, disfrazados de desobediencia a las reglas institucionales". "Entendemos imprudente y equivocado echar a un compañero Acompañante Juvenil, cuya función principal es la garantización de derechos de los jóvenes alojados, mientras que no se cumplen las actas firmadas hace meses por los funcionarios del área en cuanto a la instalación del agua potable dentro del IRAR, la implementación del Comité de Higiene y Seguridad, los llamados a concurso para los profesionales contratados (precarizados) y la efectivización del pase a planta de 14 acompañantes juveniles". Al mismo tiempo, advierten "acerca de la posibilidad que se intente eliminar o morigerar la presencia de los civiles en Irar". 

Es por ello que declararon un paro por tiempo indeterminado, exigiendo la inmediata reincorporación del compañero despedido.

Además, solicitan que los funcionarios provinciales den explicaciones ante las causas del despido y realicen un tratamiento formal de las acusaciones infundadas. "Enmarcamos esto también en la promesa que este gobierno realizó al comienzo de su gestión en 2007 con respecto al cierre del dispositivo actual del IRAR, que somete a un régimen carcelario a los jóvenes alojados, en manifiesto incumplimiento a las normas internacionales (en este sentido se han presentado recientemente dos habeas corpus a los fines de modificar las condiciones de alojamiento). Asimismo, denunciamos la continuidad de las condiciones de precarización laboral y la falta de políticas de promoción de derechos de los jóvenes alojados." 

 El estado de alerta es permanente. La movilización y la solidaridad, también.




Movilización frente a Gobernación


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Publicado el: 04/09/2012


Categorías:
Derechos Humanos / Documento

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