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Vivienda
El piso de una vida digna es el techo

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". Bajo esa consigna, enREDando se propuso indagar distintas luchas y diferentes programas existentes en torno a la problemática de la vivienda en la ciudad.



La vivienda es un derecho

El acceso a una vivienda digna es un derecho esencial de las familias consagrado por la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea por los Derechos Sociales (ADS) ha acompañado el reclamo por la vivienda. Aníbal Faccendini, titular de la organización define la estrategia que utilizan para defender la vivienda como uso alternativo del derecho. Esta modalidad propone "es tratar de judicializar, de concretizar los derechos económicos y sociales establecidos tanto en la Constitución de 49, después derogada erráticamente, sino también la del 57, el 14 bis de la Constitución Nacional y lo que se llaman los nuevos derechos económico sociales o los derechos de tercera generación que están en el artículo 41 y 42 y el artículo 75 inciso 22 que habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Se trata de realizar y hacer un planteo de participación popular y ciudadana para que todo estos derechos no queden en letra si no que se vayan ejecutando y realizando" explica Faccendini. Este uso alternativo ha motivado reclamos, desde acciones de amparo hasta distintas acciones legales. "Dentro de esta perspectiva, dentro de esta ideología jurídica de concretar los derechos económicos y sociales de la gente es que hacemos estas presentaciones". Faccendini ordena los abordajes de la ADS estos abordajes en directos e indirectos. "Indirecto a partir de situaciones de embargo o de exposición de remate por el tema del agua, por ejemplo. Ahí hemos salido a defender mucho la vivienda única y la vivienda familiar" señala Faccendini. En el año 97/98 el riesgo potencial era altísimo porque había un alto grado de morosidad, de gente que no podía pagar el agua y saneamiento. La ADS logró en el año 99, a través de decreto 2141, que el Estado se haga cargo de los así llamados "casos sociales", de quienes que no podían pagar y esto diluyó los riesgos de juicios. Entre los abordajes directos a la problemática de la vivienda Faccendini describe la situación del servicio público municipal y el caso de los FONAVI. En el primero recuerda el caso de personas que acceden a la vivienda en el año 85, durante la administración de Usandizaga. "La gente no podía pagar porque no habían hecho un relevamiento de impacto social en cuanto a la capacidad de pago pero había una cosa más grave que eran los defectos en las construcciones, de las paredes, techos y los pozos ciegos que no estaban tapados y sobre ellos había cocinas o patios, con los riesgos que esto implica" se explaya Faccendini. La ADS, a través de un trabajo institucional con el uso alternativo del derecho" logró que 281 vecinos de Baigorria al 2200 pasaran a ser dueños, compensando los defectos de construcción que tenían. "Se logró con la administración de Binner que aquellas situaciones de riesgo, no obstante la compensación y que pasaran a ser propietarios, que el Estado municipal se hiciera cargo de los arreglos de las construcciones". En cuanto al ámbito provincial, "otro gran abordaje que tuvimos de la vivienda fue el tema de los FONAVI, desde el año 95 hasta ahora, con picos de protagonismo y participación de los vecinos y de las entidades intermedias" recuerda el titular de la ADS. "En los FONAVIS, que se solventan con el impuesto al combustible, se construye mal y caro. Mal porque se hace en lugares inhóspitos, es mala la construcción, son malos los desagües pluviales y cloacales y son caros. Hay una diferencia que llama sospechosamente la atención". Faccendini señala que en algunos barrios en los años 95/96 el metro cuadrado llegó a costar 600 pesos, "dólares en aquel momento" aclara, lo mismo que en el centro o macrocentro, y con muchas complicaciones: zonas alejadas, fuera de la zona de servicios, con exposición a problemas de seguridad, de transporte, problemas que hacen a la calidad de vida. "Alguien después de 25 o 30 años de pagar terminaba pagando 40 mil pesos, que en esa época eran 40 mil dólares y cuando quería revender si podía lograr que le pagaran 2 o 5 mil dólares se tenía que poner contento". La ADS propuso al Estado provincial que las facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas de las dos universidades públicas nacionales de la provincia: la de Santa Fe y la de Rosario revisaran los costos licitatorios. "Se negaron continua y sistemáticamente" comenta Faccendini "No obstante, con el uso alternativo del derecho y el reclamo administrativo ante la Dirección Provincial de la Vivienda de la Provincia logramos que bajaran el 30% de los complejos habitacionales de Gutiérrez y Circunvalación, Centeno y Otoño, Flamarion, Ingeniero Tell. Fue una gran movida de la ADS, conjuntamente con los vecinos" recuerda. En el año 99 y 2000 la Dirección Provincial de la Vivienda por el no pago de las cuotas de los FONAVIS. La ADS logra evitar cerca de 3 mil desalojos en el sur de la provincia de Santa Fe. "Planteamos que no se podía pagar con cuatro años de recesión económica, con esos los índices de desocupación". La ADS reclamó en aquel momento planes de pago accesibles para a gente "Es decir que la gente pague lo que pueda. Esto dignificaba al moroso, se evitaba la lumpenización, que es carne para cualquier cosa menos para construir alternativas progresistas. Era un paliativo, no una solución de fondo, para eludir la posibilidad del desalojo y defender la vivienda familiar". El resultado fue la implementación por parte del Estado de la resolución 2000/2000 de junio del 2000 "que permitía que la gente de los FONAVI pagar lo que pudiera, pero pagara. Se erradicaba el fantasma de desalojo, se lograba que la gente se responsabilizara, se eliminaba la angustia de la gente que no podía pagar, y que dejara de comer algo básico para pagar la cuota. Para nosotros fue una gran alegría, un gran triunfo, una síntesis de una solución legal popular que servía". Faccendini menciona otra propuesta al gobierno provincial. "Le dijimos "no construyan más ustedes, mas vale liciten popularmente y ciudadanamente créditos baratos e hipotecarios para la gente", con lo que el Estado se asegura el cobro. Les das un crédito y que la gente decida dónde compra. Lo rechazaron porque quieren seguir manejando los recursos económicos" argumenta. "La solución de fondo es que logremos que la gente acceda a la vivienda, que controle el mismo ciudadano, el mismo que va a comprar, el que elige. Por eso decimos "créditos hipotecarios populares". El Estado tiene que ir con la gente, controlar, con el arquitecto, el ingeniero que no le metan el perro, acompañarlo. La decisión soberana es entonces de la gente que compra" concluye Aníbal.

La vivienda propia

Las estadísticas oficiales muestran un marcado déficit de viviendas, cercano al millón desde lo cuantitativo y estimado en 2 millones desde lo cualitativo. En este escenario, la cooperación juega un rol fundamental como forma de superar las falencias asociadas a la burocracia y a la persecución indiscriminada del lucro. Conjugando el esfuerzo propio y la ayuda mutua, el cooperativismo de vivienda contrubuye en forma fundamental a satisfacer semejante necesidad humana sobre una base de solidaridad y democracia. A partir del debate sobre la necesaria sanción de una ley de cooperativas de vivienda, el ex diputado nacional Floreal Gorini elevó a consideración del Congreso de la Nación la propuesta de "crear un marco jurídico adecuado para el funcionamiento de una organización solidaria, ágil y eficiente, tutelando en forma equilibrada los derechos de la entidad y los de los asociados". "El derecho al acceso y utilización de una vivienda digna que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes, constituye para muchos de ellos una utopía virtualmente inalcanzable". Así comenzaba la fundamentación del mencionado proyecto de ley. La Dirección de Acción Cooperativa y Mutual de la municipalidad de Rosario, dependiente de la Subsecretaría de Economía Solidaria, promueve la conformación y el desarrollo de entidades cooperativas y mututales como medio para contribuir a la atención de las necesidades insatisfechas de la población de Rosario. La pormoción, capacitación y asesoramiento a las cooperativas y mutuales en aspectos educativos, jurídicos, organizativos y socio-económicos, se llevan a cabo desde cada uno de los siguientes proyectos: "Fortalecimiento integral de las cooperativas", "Promoción y generación del empleo de las cooperativas" y "Educación cooperativa y mutual". Hay 944 cooperativas inscriptas en la Dirección Provincial de Cooperativas y Mutualidades, señalandose un significativo incremento tras la salida de la convertibilidad. Brindar una alternativa concreta a la sociedad en materia de vivienda y, por ende, mejorar la calidad de vida, ese es uno de los principales objetivos de la Cooperativa de Vivienda Rosario. El deseo de ser propietario de una vivienda y no reunir los requisitos formales exigidos por el sistema financiero tradicional, son dos caras de una misma realidad sobre la que trabaja la Cooperativa de Vivienda Rosario, con 16 años de existencia. El inscripto paga una cuota mensual que se ajusta periódicamente en función del índice de variación de los salarios. Por otro lado, el valor de la vivienda se ajusta según el índice de variación de la construcción que establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hasta el momento, la cooperativa jamás ejecutó una hipoteca ni desalojó una casa. La cooperativa funciona con un consejo electo por asamblea de asociados que se renueva cada dos años y todos los recién llegados pueden participar de la toma de decisiones. A partir de un reglamento interno, las casas se adjudican por sorteo y licitación mes a mes ante escribano público. En el marco de los festejos por los "15 años cumpliendo sueños" de la Cooperativa de Vivienda, el año pasado llevó a cabo un proyecto común con Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR llamado "Vivienda Joven", un concurso de ideas de arquitectura. El objetivo era "vincular a los estudiantes de la facultad con el sistema Cooperativo de Viviendas, en busca del desarrollo de propuestas alternativas que unan calidad de vida y creatividad con soluciones técnicas acordes a un proyecto moderno". El proyecto ganador fue tomado como base para la elaboración del proyecto del corriente año e incorporado a los planes que ofrece la cooperativa en conjunto con los profesionales del Área Técnica. Experiencias interesantes de cooperativismo y mutualismo de vivienda hay muchas pero no podemos dejar de mencionar la de la Cooperativa de Vivienda 12 de Octubre de Rosario, que se remonta en sus orígenes al que hoy es un pequeño barrio que abarca una manzana y en el que se construyeron 96 viviendas. La cooperativa fundada en 1972 por un chileno fue "una de las primeras cooperativas villeras de Rosario", como dijera en alguna ocasión la arquitecta Roxana Mancinelli en compañía de Juan Gómez, presidente de la Cooperativa de Trabajo asociada a la de vivienda. Dieron sus primeros pasos mediante la organización de eventos sociales con el fin de recaudar los fondos necesarios para acceder a la compra del terreno y así poder comenzar a construír las viviendas. Para 1978 lograron adquirir la totalidad del terreno, hacia comienzos de la década del `90 se definió el loteo y se determinó en conjunto con los habitantes el prototipo de vivienda a realizarse a través de la autoconstrucción. Cuatro años después se logró la expropiación de terrenos aledaños para que los vecinos tuvieran donde residir mientras eran construídas sus viviendas. En 1996 se formó una cooperativa de trabajo integrada por los mismos involucrados en el emprendimiento habitacional para generar fuentes de trabajo. Hoy, tras más de tres décadas de existencia de la cooperativa de vivienda, el barrio cuenta con una iglesia, un centro comunitario, una escuela de alfabetización para adultos, un dispensario y trabajan en conjunto con la municipalidad en la organización de eventos para ayudar a los chicos del lugar.

La vivienda social

Las políticas de vivienda social se proponen facilitar un acceso equitativo a viviendas con estándares adecuados en cuanto a servicios, construcción, terreno, terminaciones para sectores empobrecidos. En esta ciudad ya es conocido el Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Rosario Habitat que lleva adelante la Municipalidad a través del Servicio Público de la Vivienda, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la intermediación de los fondos y el monitoreo del programa. Según las cifras que dieron impulso a esta iniciativa gubernamental, existían en nuestra ciudad 91 asentamientos irregulares con casi 155.000 habitantes, que representaban un 13% de la población total y ocupaban un 10% de la superficie urbanizada. EI objetivo del Programa Rosario Habitat consiste en "encauzar los procesos de ocupación informal y mejorar la calidad de vida de la población de asentamientos irregulares en la ciudad de Rosario, promoviendo la integración física y social de dichas áreas informales a la ciudad formal". El Programa está integrado por los siguientes componentes: Urbanización integrada, Acciones integradas de atención para niños y adolescentes y sus familias, Generación de trabajo e ingresos y Fortalecimiento institucional. Un conocido caso de reasentamiento es el caso de las 360 familias que habitaban en asentamientos irregulares del Barrio Las Flores. De las 360, 237 permanecen en el barrio y 123 fueron relocalizadas a la zona de Rouillón al 4000: a cada familia se le asignó un lote y una solución habitacional, que consiste en un ambiente único de 36 metros cuadrados, con baño, cocina y lavadero.

La vivienda y la tierra

El pasado 12 de mayo estuvieron reunidos en el Congreso de la Nación más de medio centenar de líderes indígenas Tobas, Mbya, Wichí, Kollas, Guaraníes, Mapuches, Tehuelches, Mocovíes, Pilagá y Huarpes con legisladores nacionales para tratar los problemas referidos al tema tierra y la necesidad de legislar sobre los derechos indígenas establecidos en el artículo 75º de la Constitución Nacional. Un reclamo histórico, pendiente, una reivindicación que va más allá del techo y se refiere a la tierra. Tierras que les fueron robadas a las comunidades aborígenes de nuestro país que son el eje del reclamo de los pueblos originarios para poder volver a cazar y cultivar, para poder ver a sus hijos e hijas crecer bajo tradiciones culturales empapadas de un sentido de conexión con la naturaleza que les está vedada en los hechos, a pesar de que no así en las leyes que, hasta el momento, son letra muerta. En la provincia de Santa Fe los desmontes desmedidos perjudicaron en forma casi inimaginable la ecología y la habitabilidad de los montes. A fines del año pasado y a comienzos del 2005, la Legislatura y el gobierno de la provincia aprobaron dos leyes cuya intención es la de proteger los montes y pastizales santafesinos: primero, se convirtió en ley el programa "Bosques para siempre" y, segundo, se aprobó la ley para suspender los desmontes por 180 días y la reglamentación de la ley 11.111 que se refiere al Plan Forestal Santafesino, gracias al trabajo de varias organizaciones públicas y privadas, entre ellas la Mesa Agroforestal Santafesina, que demandaron estas medidas y además ofrecieron propuestas alternativas para conservar el monte sin detener la producción agrícola. Pero por otro lado, la ley 12.086 de acceso a las tierras fiscales que lleva la firma del ex gobernador Carlos Reutemann y está fechada en diciembre de 2002, prevé la entrega de tierras fiscales a comunidades indígenas. Uno de los conflictos más recientes y desgarradores que pusieron en evidencia ante el resto de la comunidad rosarina la falta de reglamentación de esta ley y la ausencia de voluntad política de que esas letras se conviertan en justicia, fue el ocurrido a fines del año pasado en el terreno de Empalme Graneros donde reside una comunidad toba. Tras arribar hace años al predio que se ubica entre avenida de la Travesía, Almafuerte y Reconquista, sus habitantes se enteraron de que el terreno ya no tenía dueño y la provincia prometió regularizar la posesión del mismo. Pero en 1998 se enfrentaron a un fuerte intento de desalojo impulsado por la Administración Provincial de Impuestos ya que el terreno tiene una deuda de impuestos provinciales y municipales que data de 35 años atrás. El suceso de ocupación protagonizado por la comunidad toba de Empalme Graneros de fines del año pasado tuvo lugar en una parte de dicho predio que pertenece desde 1990 a Néstor Rozín.

La vivienda okupada

A la hora de enumerar luchas por la obtención de un techo aparece la acción conocida como "okupa". Más vinculado con una denuncia al sistema de propiedad privada, esta lucha se presenta como un movimiento cultural. En Rosario el caso más resonante fue el de la ocupación de los galpones de Wheelwright y España allá por el año 96. "Fue con el fin de solucionar el problema habitacional de alguno de nosotros pero también para poder generar un espacio abierto y alternativo para toda la comunidad. Nuestra idea era generar un centro cultural" inicia la charla con enREDando Chachi, integrante de aquel grupo. Para los okupas la esencia de la ocupación es la apertura de espacios culturales que ofrezcan la posibilidad de expresiones artísticas que no tienen cabida en los circuitos tradicionales. "La idea del centro cultural no se despega en ningún momento de la vivienda. En ningún momento se piensa en abrir una casa y que sea nuestra casa sino que sea un espacio que se pueda abrir a la gente y dar lugar a todas las expresiones culturales alternativas" enfatiza Chachi. De la mano del objetivo de "abrir o recuperar espacios libres" el "colectivo okupa" como define Chachi, delinea una posición política. "Nos encontramos muy identificados con todo lo que fueron las organizaciones anarquistas. En la ocupación la política es todos los días, es parte de nuestra vida. No es la militancia en un partido político sino cómo uno vive el día a día, cómo se relaciona con la gente, cómo abre un espacio, cómo lo plantea, cómo se comunica. Eso es la política para el grupo okupa". La Municipalidad es el principal actor que mencionan a la hora de definir los inconvenientes legales. "El principal inconveniente es el corte de comunicación con el gobierno, con la Secretaría de Cultura. El planteo siempre es cultural, en primer lugar. Siempre que hemos presentado proyectos o que intentamos hablar nos mandaron a control urbano, a la policía, nunca a un secretario de cultura, ni a un subsecretario, ni nada de eso. Ahí empieza el juicio de desalojo, pero nunca se intenta solucionar ni siquiera negociar por parte del gobierno. Siempre la postura es el choque" describe Chachi. Luego del galpón de Wheelwright el grupo ocupó durante 8 meses una casa en Viamonte y 1ro. de mayo. "Esa era una propiedad privada. Vino la Municipalidad a desalojar con los argumentos de que la casa estaba en peligro de derrumbe". El mismo argumento se utilizó para desalojar a los chicos que ocuparon la casa de San Martín y 3 de febrero que alcanzó a los medios masivos locales la semana pasada. ¿Hay una preocupación ante el desalojo por el destino de los desalojados? Chachi responde: "La tapa de La Capital era "Ocupas que usurpan viviendas son desalojados". En ningún momento se pensó en qué era lo que se estaba generando en ese lugar, qué se estaba llevando adelante, qué se estaba gestando, qué solución les puede aportar ese tipo de espacios, ese tipo de proyectos, esa gente, en ningún momento se piensa eso. En ese momento no solo quedaba gente en la calle sino que quedaban también proyectos muy importantes en la calle que eran llevados adelante no solo por gente que estaba ocupando sino también por gente que estaba apoyando la ocupación desde afuera y que participaban en proyectos" menciona en relación a la participación de la organización CHICOS en actividades con los chicos desalojados la semana pasada. "Estaban llevando adelante un proyecto para tratar de que los pibitos de la calle dejen de usar el poxirán y el pegamento. Eso nadie lo sabe. Lo sabe el que escucha algunos medios de comunicación, algunos programas de radio, pero en los medios masivos ves una nota sensacionalista a partir del derrumbe" enfatiza Si bien la propuesta cultural aparece primero en las definiciones de Chachi la vivienda se vincula de una forma particular. "Para mi tanto como para los chicos que están viviendo en la casa es tan importante tener un lugar donde poder ensayar su música, como que pueda tener un techo para vivir y no mojarse a la noche. Son cosas que son vitales. La expresión cultural es vital, es muy importante" destaca Chachi. "Termina siendo tanto un espacio de vivienda como un espacio de trabajo porque muchas veces la vivienda soluciona el problema laboral de los chicos, porque tienen dónde ensayar, dónde entrenar en el caso de circo. Muchas veces están muy ligados estos espacios de ocupación con la artesanía. Entonces son necesarios para que la gente produzca, para que la gente entrene, para que la gente toque, ensaye y viva".

La vivienda en riesgo

La Asociación en Defensa de la Vivienda Unica (Adevu) nace en el año 2000 formada por un grupo de personas que habían pasado por la terrible situación de estar al borde de perder su vivienda. Todo comienza tras una reunión del Movimiento de Mujeres en Lucha en la Sala de la Cooperación a la que asistieron los actuales integrantes de la asociación y así nace Adevu, "tomando el ejemplo de esas mujeres tan valerosas", expresa Ana Marra, integrante de la organización. Adevu se reúne los sábados en AMSAFE y atiende los miércoles en forma personal en Carriego 1190. ¿Qué hace Adevu? Básicamente tres trabajos: primero, tratar de lograr un acuerdo entre acreedores y deudores, haciendo mediaciones con la Corte Suprema; segundo, el abogado de la asociación, frente a casos de personas mayores, hace una presentación valiendose de la edad de la persona, los certificados médicos y los ingresos mínimos, "y así logramos suspender estos remates", aclara la integrante de Adevu. Finalmente, la actividad más visible de la asociación consiste en mostrar a la sociedad la injusticia y la "ley discriminatoria", en palabras de Ana, que se esconde tras este problema. "Se está diciendo que está todo bien en el tema de los remates y no está todo bien y nosotros queremos que se sepa la verdad, que se sigue rematando la vivienda única", manifiesta Ana. Como en tantos otros casos, en el tema de la vivienda las leyes no dan precisamente soluciones a quienes corren riesgo de perder su vivienda única. "Está la ley 12.406 pero ¿qué pasa con esta ley? No cubre los juicios de quiebra, que son la mayoría, por lo tanto toda esta gente queda desprotegida y estamos viendo que a todas las personas mayores se les están poniendo fechas de remate. Hicimos una presentación argumentando los problemas de salud que tiene esta gente, la edad y hasta ahora hemos tenido la suerte de que se han suspendido los de la gente que ha venido a nosotros pero hay un montón de gente que no viene y lamentablemente se sigue rematando la vivienda única", explica Marra. Y el ritmo de los remates es furtivo: "se están presentando 50 quiebras por mes, eso va a terminar todo en remate y el 30 de noviembre termina la ley de suspensión para los otros que también tenemos que anexar. El año pasado tuvimos 800 remates", señala Ana. "Tenemos la suerte de que las personas que han acudido a nuestra asociación no han perdido su vivienda única, no hemos conocido la derrota de haber ido a un remate, hemos tenido la suerte de que las personas han podido salvar sus casas pero tiene que salir una solución de fondo para toda la gente, no que pasa como en este momento que a una porción la suspenden y la otra tiene los remates. Una solución de fondo y estudiar cada caso particular, porque hay gente que está desocupada, otra que tiene ingresos y puede hacer una refinanciación, es distinto cada caso", afirma la integrante de Adevu.



Las estadísticas oficiales muestran un marcado déficit de viviendas, cercano al millón desde lo cuantitativo y estimado en 2 millones desde lo cualitativo.
 

Publicado el: 15/05/2005


Categorías:
Derechos Humanos / Noticia

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    12 Jun 2006 17:29   angela
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    06 May 2009 13:53   ROSA IRMA
VIVIENDA
 
    14 Apr 2013 07:26   sknukze
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    20 Oct 2010 18:18   kjicvgk
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    15 Apr 2013 05:25   mluuiqe
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