Según el informe "Privados de libertad" presentado el jueves 13 de julio de este año por UNICEF y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en Argentina son casi 20.000 los niños y niñas que están privados de su libertad, aún, cuando esta privación supone la violación elemental de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesta en vigencia en el año 1990.
Este informe establece que "de ese total, el 84,8 % se encuentra bajo una medida judicial y/o administrativa en virtud de una causa "no penal", esto es, por causas asistenciales, que la mayoría de las veces tiene como origen una situación de carencia socioeconómica", y además remarca la ausencia "de programas, medidas resolutorias alternativas a la institucionalización, y de servicios que posibiliten una revinculación del niño con su familia y su entorno, como la escuela, el barrio y sus amigos".
En la provincia de Santa Fe la situación de los menores alojados en centros de detención muestra un estado de deterioro y abandono por parte del Estado, visible a través de informes y denuncias realizadas por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Una de ellas fue presentada recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y revela las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los chicos detenidos en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR).
La marginalidad y la pobreza, consecuencia de un modelo económico de concentración neoliberal, marcan la realidad de la mayoría de las familias de los adolescentes, que muchos sectores de la sociedad civil estigmatiza como delincuentes. Frente a la llamada "delincuencia juvenil" estos mismos sectores de la sociedad y del poder político y económico, reclaman el endurecimiento de penas, un mayor control policial y, lo que es más grave aún, la reducción en la edad de imputabilidad. Es posible, entonces ¿pensar respuestas alternativas ante discursos que legitiman la exclusión de los menores pobres, condenándolos al castigo de la pena y la sanción, sin ofrecerles un proyecto de vida?
En una entrevista con enREDando, Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), decía "los que generaron las causas profundas de la pobreza y la violencia no vacilan en señalar a las víctimas directas de su política de entrega y vaciamiento del país como "los peligrosos", causantes de males que desaparecerán haciendo más cárceles para encerrarlos". Para Norma Ríos no es posible "obviar las causas político-sociales-económicas que generaron el problema y las poquísimas perspectivas y/o falta de decisión para resolverlos a corto o mediano plazo", haciendo referencia a la realidad de los miles de adolescentes detenidos en los mal llamados institutos de rehabilitación.
"El dolor de la familia que sufre una pérdida personal, ante un hecho delictivo, dolor que respetamos porque ya lo hemos pasado, no justifica, jamás plantear "ellos no tienen derechos, hay que matarlos, la justicia los deja salir, hay que matarlos a todos (El Ciudadano, 1/08/06)".
Para Ríos, éstas opiniones, que suelen escucharse en los reclamos por mayor seguridad, "son útiles a los estamentos de poder que quieren siempre mayor represión, con vías a frenar los reclamos populares". En el día de ayer, precisamente se llevó a cabo una más, de las marchas organizadas por Juan Carlos Blumberg, bajo el lema "vos podés ser la próxima víctima", y cuyo reclamo más sostenido es la reducción en la edad de imputabilidad y la construcción de más cárceles.
"Mientras jóvenes pobres pasan meses y aún años presos por presunción, sin condena, en condiciones aberrantes, los jóvenes ricos que delinquen (aún en asesinatos feroces, caso Adorna, Pira), tienen todas las posibilidades, no solo de defensa y resocialización, sino de escape a cualquier condena", afirma Norma Ríos.
Las condiciones aberrantes a las que se refiere están expresamente visibles en la denuncia que la CTC realizó en mayo de este año ante el CIDH, a partir de los petitorios elevados por  los chicos internados en el IRAR, instituto que actualmente está a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe. "Estar siempre en el mismo espacio físico sin hacer nada es como estar abandonado", dicen los chicos presos en el IRAR en la revista El Ángel de Lata de agosto de 2006, y entre otros reclamos, expresan: "solicitamos suspensión del horario de engome (encierro en celda individual), que ese tiempo sea utilizado en actividades deportivas."
"Solo una sociedad profundamente violenta y frustrada en sus mejores expectativas de superación, puede encontrar soluciones en la muerte. No podemos exigir más muerte en nombre de la justicia" afirma la presidenta de la APDH.
Al ser consultada acerca de las posibles salidas o propuestas que pueden pensarse, desde una mirada que reconozca la exclusión social del menor desde sus primeros años de vida, Norma sostiene que la "educación" constituye una necesidad básica. Además,  "la inserción de los menos pudientes en la Universidad, la aplicación de proyectos de convivencia para desarticular la violencia, la gestación o refuerzo de clubes barriales donde se practiquen deportes, la cobertura para el entorno familiar, "generalmente carenciado de una vida digna" y no olvidar "la verdadera lucha contra las mafias de la droga, la prostitución infantil y el robo organizado".

La CTC y la realidad de los chicos presos

Lilian Echegoy es una de las integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, organismo que brega por los derechos de las personas privadas de la libertad. En sus años de trabajo Lilian ha recorrido cárceles e institutos de menores, siendo testigo del abandono al que son sometidos los chicos una vez que ingresan a un centro de detención. Con ella dialogó enREDando, para conocer la visión de quienes cotidianamente, se encuentran con la realidad de los menores privados de la libertad.
"Nosotros estamos en desacuerdo con que los chicos estén privados de la libertad. Creemos que no existen chicos en conflicto con la ley penal, sino que hay por parte del Estado un abandono. Hay chicos que están excluidos no solo del sistema educativo, sino de todo proyecto de vida. Lo cierto es que ellos están privados de la libertad. Nuestra Coordinadora tiene una práctica en esos lugares. Y a partir de esa práctica, entendemos que cuando se les brinda herramientas a los chicos, herramientas que no tienen que ver con una cuestión de grandes presupuestos, sino de establecer vínculos de afecto, vínculos humanos y fortalecer esos vínculos, se genera en la otra persona, en estos casos, chicos que están privados de la libertad, actitudes que hablan de que las cosas se pueden cambiar.  Lo que sí, nosotros vemos que con cada entrada a estos centros de detención, los chicos se van deteriorando cada vez más, tanto psíquica como físicamente (& )".
Al respecto, Néstor Ciarniello, autor del libro Los chicos "delincuentes", reflexiones desde la pobreza, y ex Director Provincial del Menor, la Mujer y la Familia, sostiene que "el índice de reincidencia es de aproximadamente de un 70 u 80 %, cuando menores, y cuando grandes terminan en la cárcel de Coronda".

La vida en el IRAR

"Por parte del Estado no vemos inclusión de estos chicos en los barrios, no vemos proyecto para los jóvenes, y por otro lado, cuando los chicos caen en el delito, por esta misma situación de falta de proyectos, de exclusión de la misma escuela, tampoco hay políticas desde estos centros de detención para con estos pibes. Los chicos han hecho una serie de petitorios al respecto. Sobretodo los que están internados en el IRAR." afirma Lilian Echegoy de la CTC.
En el artículo 40, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que "los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño que sea considerado, acusado o declarado culpable de infrigir las leyes penales a ser tratado acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño (& )".
Sin embargo, la vida de los pibes en el IRAR muestra una realidad que parece violar sistemáticamente cada artículo propugnado en esta Convención.
Lilian sostiene, a partir de su experiencia en la CTC que "los chicos prácticamente no tienen actividades, ellos incluso en un petitorio que nos hacen a nosotros dicen que "estar ahí todo el día sin hacer nada es como estar abandonados". Están abandonados por parte del Estado. Nosotros sentimos que es así. Con cualquier herramienta que nosotros le damos o conseguimos establecer con ellos se generan actividades interesantes, se han hecho talleres de radio, afiches, permanentemente nos escriben, dibujan. Todo esto no es dado por la institución, sino que es brindado generalmente por gente que va desde las organizaciones civiles, independientemente del Estado."
Uno de los institutos que se cerró en la Provincia de Santa Fe es el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT). Los más de 30 chicos que estaban alojados allí fueron traslados al IRAR.
Al respecto, la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia que "más allá del hacinamiento en el que están ahora, porque se cerró el CAT, en la actualidad, nosotros vemos que los chicos están en los pabellones, están en una situación de una falta de higiene, además reclamado por los pibes permanentemente, con ratas, con baños rebalsados, con todo tipo de suciedad y no es porque los chicos no quieren limpiar. Adelante nuestro han pedido a las autoridades que les den lavandina, los elementos simples con que cualquier persona puede limpiar. Los baños siempre están tapados, o no tienen agua y cuando están encerrados no tienen como ir al baño, entonces hacen sus necesidades en cualquier lado, la comida es un desastre, es incomible en este momento. Hay maltrato por parte del personal del Servicio Penitenciario, que es el que entra cuando hay alguna situación de conflicto".
La violencia policial es otra situación que sufren los chicos dentro del IRAR. A partir de una resolución del Gobierno provincial, dictada en abril de 2006, el Instituto pasa a la órbita de responsabilidad del Servicio Penitenciario de la Provincia, lo cual generó el repudio inmediato de la Coordinadora y la denuncia ante el CIDH.
Allí dentro, muchas veces "las situaciones de conflicto son generadas a partir del mismo personal. Nosotros hemos estado -afirma Lilian- , donde los chicos pedían, por ejemplo un pedacito de jabón para bañarse y tenían que pedírselo un montón de tiempo para que se lo den, eso genera malestar. Es decir, cosas simples y cotidianas van haciendo que la situación de tensión adentro aumente, eso sumado a que están todo el día encerrados prácticamente y no tienen ningún tipo de actividad".
Con respecto a la atención médica, según Lilian, la misma es ineficiente o casi inexistente. Si la hay, los chicos muchas veces, son atendidos a través de las rejas y de muy mala manera. Pero a veces, solo una intervención de la Coordinadora puede lograr la presencia de un médico o enfermero, a pesar de los pedidos reiterados de los propios pibes.

La revista de los pibes

Para Lilian Echegoy, es indudable que existe ante esta problemática "una responsabilidad indelegable del Estado, de las políticas económicas que se han implementado en los últimos años" y por otro lado, también sostiene que "hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto."
"Creemos que la gente mira para otro lado, que los chicos aparecen como invisibles para el resto de la sociedad. Son únicamente visibles cuándo pasan a ser de víctimas a victimarios. Entonces hay un reclamo de la sociedad por mayores penas o para bajar la edad de imputabilidad. Eso no conduce a nada, nosotros vemos a los presos que están en esas condiciones y en esos lugares y salen en peores condiciones de las que entraron, es decir, no se les aporta ninguna herramienta para que puedan tener una vida distinta. Por otro lado, es imposible hacerlo desde un lugar de encierro porque el encierro produce un deterioro y una violencia mayor".
Para la CTC deben existir políticas de Estado y una actitud activa por parte de la población. Y en este sentido, Lilian hace referencia a la revista de los chicos de la calle "El Ángel de lata", un proyecto que fue creciendo, de la mano del esfuerzo y la lucha diaria.
Actualmente han logrado que la revista tenga una periodicidad bimestral, lo cual le otorga al proyecto una continuidad, necesaria para los chicos y las familias que las venden en la calle.
"Nosotros creemos que dimos un salto cualitativo, bastante importante, que si se hacen 30000 revistas, las 30000 se venden. El proyecto fue creciendo y hoy tenemos más de 50 personas que venden la revista, entre adultos y chicos." 

"Reflexiones desde la pobreza"

Néstor Ciarniello es autor del libro: Los chicos "delincuentes", reflexiones desde la pobreza. Además fue Director Provincial del Menor en la Provincia de Santa Fe y desde hace años trabaja en la problemática de los adolescentes pobres.
"La pobreza tiene cifras", dice Ciarniello, "estudios, explicaciones e interpretaciones, pero su visión más dolorosa son los chicos y adolescentes pobres. Conforman la directa consecuencia de familias destrozadas por el hambre y la indigencia". Y afirma que: "el 90 % de los chicos que ingresan a institutos de menores no completaron la escuela primaria".
La visión de Ciarniello es reveladora. Al mismo tiempo, plantea la concepción errónea, según él, del concepto "menores en conflicto con la ley penal". "Es un concepto equivocado desde la óptica de los chicos, no desde la óptica de la ley. Porque obviamente todos estos temas siempre se toman desde la óptica de la ley, de las reglamentaciones, es decir desde las consecuencias que tienen sobre los chicos que comenten algún delito". "No existen menores en conflicto con la ley, porque no hay conflicto con la ley, porque la ley penal está afuera de la problemática de los menores. Debe estar afuera de la problemática de los menores, desde el momento que la Convención dice que son inimputables hasta los 18 años, es decir, el niño es niño hasta los 18 años".
Si se profundiza en el aspecto legal, Ciarniello sostiene que, "el menor no puede estar en conflicto con algo que no existe. Están afuera de la ley penal. Pedagógicamente es rechazable todo sistema de sanción". La sanción, dice Ciarniello, no puede ser la base de la pedagogía. "Entonces, decir menores en conflicto con la ley penal, justamente es negar todo esto, negar la pedagogía que sí aplicamos para nuestros chicos, pero no para ellos", remarca Ciarniello.
Actualmente los menores son imputables a partir de los 16 años, cuando se los puede poner a disposición del juez y penarlos cuando cumplan la mayoría de edad, a total discreción del mismo. Ciarniello avanza en el tema, y tal como lo analiza en su libro, afirma que "actualmente, para romper con esta discrecionalidad de los jueces, se esta proponiendo una nueva ley, que se llama ley de Responsabilidad Penal, avalada por todo el poder hegemónico, y que ya está aplicada en muchos países latinoamericanos, una ley que consiste -cuenta Ciarniello- en elevar la edad de imputabilidad". "Pero al mismo tiempo hacen un sofismo hablando de la responsabilidad penal y responsabilizan a los chicos desde los 12 años en algunos países o desde los 14 en otros. De tal modo que todos tienen una sanción penal. Es decir - afirma Ciarniello en su análisis - que "existe una gran contradicción. Si son inimputables, no se los puede sancionar, pero se les busca el lado de la responsabilidad para que tengan un reconocimiento como persona. Y dicen que quieren mitigar la sanción, diciendo que la prisión va a ser como última medida para los delitos más graves".
La mirada de Ciarniello profundiza en los aspectos legales de la problemática del menor. Al respecto, el autor del libro Los chicos "delincuentes", reflexiones desde la pobreza sostiene que "debería armarse un sistema de justicia juvenil, donde se deje expresamente afuera la sanción".
Por otra parte y en coincidencia con la visión de Norma Ríos de APDH y Lilian Echegoy de la CTC, sostiene que "las consecuencias de la exclusión son los chicos que andan dando vueltas con sus familias destruidas, desintegradas, envueltos y entramados con la droga y con conductas delictuales". Y para él ésta problemática debe ser analizada desde la exclusión social, porque "en un país dependiente, ese es el problema de fondo. Todo lo que tiene que ver con la exclusión tiene que ver con la desigualdad en la distribución de la riqueza."
Para Ciarniello, "la inseguridad es todo el sojuzgamiento que vive la gente que está postergada en la exclusión." "Tapamos esa violencia con aquella otra que puede surgir de la mano de los menores que tiemblan en un gatillo, cuando drogados, sin esperanza, viviendo sin ningún proyecto de vida, empuñan un arma y en sus dedos temblorosos se escapa un tiro. Si enfocamos desde aquí, vamos a entender distinto el tema de la seguridad".
¿Qué propuestas son posibles ante la realidad de los pibes detenidos y condenados por la sociedad civil? "Políticas de Estado, reformas no solo tributarias, sino reformas de un modelo económico social y programas de inclusión, donde sea posible armar un proyecto de vida con las familias, con la comunidad. Si estos chicos tienen un proyecto de vida están salvados" sostiene Ciarniello.