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Autogestión y otras batallas
Noticias del mundo sin patrón

Frigoríficos que cortan rutas, nuevas ocupaciones de fábricas, empresas compradas por cooperativas obreras, hospitales sin patrón con planes de salud para los trabajadores, llamados a nuevas luchas como los que postula Zanon mientras abre las puertas a la comunidad. Un universo que sigue moviéndose con diferencias, y con un punto en común: obreros que deciden cómo hacerse cargo de su propio destino. Laberintos judiciales, políticos autistas y empresarios vaciadores, mientras las cooperativas crecen y generan trabajo.

Las noticias pueden ser absolutamente variadas: Desde Zanon, que confía en que se prorrogue el permiso para que la cooperativa obrera siga trabajando más allá de octubre, mientras llama a movilizarse en solidaridad con trabajadores de la educación o de la ex Jabón Federal, hasta monumentos al trabajo previstos por el Movimiento de Fábricas Recuperadas, como una especie de escrache mientras los senadores meditan si alguna vez aprobarán una Ley de Quiebras diferente a la cometida por el menemismo a instancias del Fondo Monetario Internacional. (Nunca se sabe si las meditaciones de los legisladores deben ser descifradas a través de tratados sobre enigmas metafísicos, o a través de las páginas policiales).
El universo de fábricas y empresas gestionadas por sus trabajadores sigue moviéndose pese a todo, cortando rutas, peleando en los juzgados, y ocupando fábricas para preservar las fuentes de trabajo y evitar robos por parte de las patronales. Y además, organizando la producción de un modo tal que les permite incorporar más trabajadores a su producción, con salarios igualitarios. Algunas de las cooperativas pasan por momentos críticos (a todas les ocurrió, y la enorme mayoría salió adelante), pero a la vez se han recuperado para los trabajadores nuevas experiencias como en los casos de El Molino de Escobar, Frigorífico Bragado, Jugos Suin, CAF-La Conexión, La Mocita, Su Postal y las antiguas canteras de Zanón, que son sólo algunas de las que en los últimos meses han emprendido el camino de la autogestión.

Menemismo explícito

Un monumento al trabajo se erigirá en la Plaza Congreso. Allí, una feria de fábricas recuperadas se montará los días 26, 27 y 28 de septiembre para exigir que el Senado apruebe la reforma de la Ley de Quiebras que ya cuenta con la media sanción de Diputados.
La feria será organizada por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas y será una manera de volver a presionar para que se reforme la actual normativa, aprobada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem a instancias del Fondo Monetario Internacional, con resultados a la vista a partir de allí, desde el punto de vista del vaciamiento fraudulento por parte de muchos empresarios. Entre otras cosas, la reforma propone que los jueces tengan la facultad de decretar la continuidad bajo gestión de los trabajadores de las empresas fallidas y que los empleados puedan ser adjudicatarios directos de los bienes compensando a la quiebra con sus créditos laborales, sin necesidad de utilizar el camino parlamentario de la expropiación.
"Son muchas las fábricas que en el último año pasaron de la inestabilidad a la estabilidad, y de la estabilidad al crecimiento. Y muchas también las que se siguen recuperando", señala a lavaca Luis Caro, abogado y presidente del Movimiento.

¿Quiénes usurparon a La Mocita?

Una de las nuevas empresas autogestionadas es la tradicional elaboradora de tapas para empanadas y pascualinas La Mocita, con más de tres décadas de vida. La empresa quebró en noviembre del 2005 y el juez Roberto Garibotto rechazó la posibilidad de otorgar la continuidad laboral a los trabajadores. Como forma de protesta, los operarios acamparon durante más de un mes frente a la planta ubicada en Campana al 4900, Capital Federal, y el último Día de Reyes decidieron ingresar para custodiar las instalaciones, ante la sospecha de que las maquinarias terminaran desapareciendo. Los temores no parecían infundados: un año antes de la quiebra, el dueño de la firma había transferido a sus hijos, en forma gratuita, la propiedad de la marca. La maniobra está siendo analizada en el poder judicial a instancia de los trabajadores que consideran que hubo un claro intento de vaciamiento: "La ley dice que hay que investigar todos los actos gratuitos dentro del período de sospecha. Además, los hijos del dueño fueron gerentes de la compañía, por lo tanto la quiebra debe hacerse extensiva a ellos", informa Caro.
Garibotto desconoció también el millón y medio de pesos que los trabajadores reclaman como créditos laborales. Argumentó que la empresa carecía de libros contables y por lo tanto no había registros de las deudas. Los antiguos empleados, agrupados ya en cooperativa, apelaron la medida y lograron que la Cámara les otorgara la planta en alquiler durante cuatro meses. Comenzaron a producir, tras recibir la ayuda económica de varias fábricas del movimiento para adquirir materias primas.
Pero cinco días antes de que se venciera el plazo, Garibotto dictaminó no renovar el contrato de locación y ordenó liquidar los bienes. Fue recusado por animosidad manifiesta contra los trabajadores y la causa pasó al juzgado de María Elsa Usal, quien aún no se expidió. Quien sí lo hizo fue el fiscal Alejandro Gil Garbó, que reconoció que con la autogestión obrera los acreedores podrían perder su patrimonio pero que de otra manera los operarios podrían perder la posibilidad de una vida digna. La jueza debe decidir cuál de esos valores es el crucial.
Mientras en Tribunales se da esta discusión, en la Legislatura porteña la diputada Beatriz Baltroc presentó un proyecto de expropiación que ya cuenta con la aprobación de las comisiones de Desarrollo Social y Presupuesto. Ahora falta que la cuestión se trate en el recinto.
En un fallo reciente, el juez federal Daniel Rafecas sobreseyó a los trabajadores de La Mocita que habían sido denunciados por usurpación por los antiguos dueños. El desgaste del conflicto hizo que de los 21 operarios que habían ingresado en enero, quedaran actualmente 16 sosteniendo la producción que ya se autosustenta, aunque con limitaciones como la falta de vehículos para realizar los repartos.

Cortes de carne, cortes de ruta

Una historia distinta relatan los trabajadores del Frigorífico Bragado, que ya faena 400 cabezas, un 80 por ciento de su capacidad. Hace tres meses, el intendente local Osvaldo Acosta y el diputado radical de la provincia de Buenos Aires Marcelo Elías se acercaron al Movimiento de Fábricas Recuperadas para evaluar qué posibilidades había de rescatar a la única empresa del ramo en toda la localidad.
Por entonces, el dueño de la firma estaba endeudado, no podía hacerse cargo de los salarios, de los costos de los servicios, ni de la matrícula de matarife expendida por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Los trabajadores se agruparon en cooperativa y llegaron a un acuerdo con los propietarios para alquilarle las instalaciones por seis meses y suspender transitoriamente la relación laboral. Por lo tanto, si los empresarios deciden retomar la gestión, deberán reconocer todos los derechos laborales a las 46 personas que trabajan en el lugar. Aún así, no resultó nada sencillo poner en marcha el frigorífico. La habilitación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sólo pudo obtenerse tras cortar la ruta nacional 5 el pasado 23 de mayo.
En una visita reciente, los trabajadores de Bragado recibieron donaciones de sus colegas de Yaguané, otro frigorífico recuperado: cuchillas para diferentes utilizaciones, botas de goma, vestimenta de trabajo, piedras para afilar, entre otros elementos que resultaron indispensables para poner en marcha la faena.
Yaguané, precisamente, es una de las empresas que comenzó a estabilizarse en el último año, después de una serie de vaivenes tormentosos. Estaba en manos del empresario (ex menemista, ex yomista, ex duhaldista y actual kirchnerista) Alberto Samid, cuya gestión dejó a la empresa con deudas impagables en dólares. La cooperativa fue de las primeras en intentar, dolorosamente, salir adelante, y tuvo que sobreponerse a las primeras conducciones que hicieron más en provecho propio que en beneficio del conjunto. Depuradas esas experiencias, los trabajadores fueron reprimidos por la guardia de infantería frente a la Casa Rosada (2004) cuando reclamaban la cuota que le correspondía a Yaguané como posibilidad de exportación de carne. Hubo siete hospitalizados. Finalmente, tras marchas y negociaciones, lograron recuperar la habilitación para exportar a la Comunidad Económica Europea y también parte de la cuota Hilton, que le permite vender al exterior 105 toneladas anuales de carne vacuna.
Con ese triunfo, la cooperativa pudo incrementar su planta de trabajadores de 400 a 550 miembros, que retiran 300 pesos semanales en promedio. Además, de los 18 millones de pesos de deuda que había asumido la cooperativa tras la quiebra de la empresa, sólo pudieron verificarse judicialmente 3.500.000, dos de los cuales pertenecen a la AFIP. El frigorífico ya firmó un acuerdo de pago a siete años, con dos de gracia.

Jugo tomado

Más cuesta arriba se le está haciendo el camino a los trabajadores de la antigua fábrica de jugos Suin. En noviembre del 2005, la empresa Citrus Argentina despidió a su personal y se le decretó la quiebra. Los trabajadores denunciaron el vacimiento y decidieron ingresar a la planta para evitar que continuara el robo de bienes. La justicia los nombró depositarios judiciales para evitar que la compañía sea desguasada. Expectantes ante la nueva situación, los ex empleados ofrecieron al magistrado alquilar las instalaciones a 3.000 pesos mensuales -mil más que lo que ofertó un empresario- para poder autogestionar su fuente laboral. La solicitud fue rechazada a instancias de la sindicatura de la quiebra, que estimó que hacían falta 800.000 pesos para poner en funcionamiento las maquinarias, lo cual constituye un despropósito según cualquier entendido.
La cooperativa apeló la decisión, pero la Cámara la denegó argumentando que no había derechos constitucionales en juego. El expediente, entonces, pasó a la Corte Suprema provincial. Mientras todo esto sucedía en los tribunales platenses, la Legislatura bonaerense aprobaba por ley la expropiación. Sin embargo, el gobernador Felipe Solá vetó la norma argumentando falta de presupuesto, como ya había ocurrido con el Hospital de Lavallol y Sasetru. Hasta que este entuerto jurídico-político se solucione, 30 trabajadores decidieron permanecer en la planta de Lanús. Es la misma situación en la que estuvieron muchas de estas fábricas antes de lograr destrabar los obstáculos para poder volver a trabajar.

La seguridad e higiene del hambre

A otra cooperativa que se le está haciendo más difícil de la cuenta es a IMPA, una de las fábricas emblemáticas del movimiento. Se encuentra clausurada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos inspectores consideraron que no cumple con las normativas de Seguridad e Higiene. "Es un contrasentido -se queja Caro-, dicen que quieren preservar la salud de los trabajadores, pero dejan que se mueran de hambre. Además, ni siquiera intimaron a la cooperativa para que solucione los inconvenientes, directamente clausuraron".
El proceso de recuperación de empresas más reciente se da en Molino Escobar, una productora de alimentos balanceados y acopiadora de granos que pertenecía a Nutrimento S.A., la misma compañía que era propietaria de la actual Cooperativa de Trabajadores Avícola Moreno, una de las firmas recuperadas con más trayectoria. El molino había cerrado cinco años atrás y sus trabajadores, a instancias del sindicato, habían convenido cobrar las indemnizaciones. Pero esa reparación nunca llegó y, ante la inminencia del dictado de la quiebra, los 35 trabajadores ingresaron a fines de agosto a la planta para resguardar las pocas maquinarias que quedan. Denuncian el robo de motores, circuitos eléctricos, trasformadores, controladores neumáticos, o sea todo lo que se podía re-vender. De todos modos el MNFR confía en que los antiguos operarios terminen gestionando la planta.

Los obreros compran empresas

El 2 de julio pasado el poder judicial otorgó a la cooperativa MVH, ex Vicente Hnos, la planta metalúrgica del norte del Gran Buenos Aires, en un acuerdo similar al que había permitido a los trabajadores del diario Comercio y Justicia, de Córdoba, quedarse con el inmueble, las máquinas y la marca. A cambio, los obreros asumieron un compromiso de pago de 445.000 pesos. "En un mes estarán en condiciones de cancelarlo", asegura Caro. A su vez, la jueza Julia Villanueva, suspendió el remate de los bienes de la ex tornería Nelcam S.A. de San Martín y se los adjudicó a los trabajadores de la Cooperativa Campos por 20.000 pesos más intereses. Sólo restan cancelar tres cuotas de 3.000 pesos.
Otro caso: CAF-La conexión, fábrica de caños de cobre para termotanques y sanitarios, ubicada en Cobos al 1600, fue abandonada por su dueño quien decidió irse a vivir a España, alejado de los tres pedidos de quiebra que carga. Doce trabajadores quedaron varados, con siete meses de salarios adeudados. Permanecen dentro del lugar, en huelga, a la espera de la autorización judicial para gestionar la planta.
En cambio Su Postal, empresa de correo privado del barrio porteño de Constitución, ya salió de ese atolladero y está en manos de sus 24 trabajadores, después de que su antiguo propietario también decidiera marcharse sin siquiera pagar las indemnizaciones a sus empleados.

Tucumán, Zanón y el hospital

Siguen las noticias. En Tucumán, once trabajadores de Bolsas de Tucumán -quebrada por deudas- ya recibieron autorización judicial para gestionar la fábrica de envoltorios de papel para harinas, yerbas y azúcares, entre otros alimentos. "Los obreros entraron a la planta en marzo de 2005, les debían más de cinco meses de salarios. Algunos, tenían 37 años de antigüedad y lloraban ante la posibilidad de quedarse sin trabajo", describe Caro.
Tal vez el mayor ejemplo del carácter federal de ese proceso sean las mineras que pertenecían al Grupo Zanón. La ex Cantera Zafiro y Barda Negra poseían minas en San Juan, Santa Cruz y Neuquén, y oficinas en Buenos Aires. Los 23 trabajadores que resistieron la agonía empresarial decidieron conformar una cooperativa y, tras dictaminar la quiebra, el poder judicial les concedió la gestión del emprendimiento de manera provisoria. De acuerdo a las expectativas, falta poco para un acuerdo definitivo. Las canteras proveían cuarzo, arcilla y mica, entre otros minerales, para la producción de cerámicas a la planta principal de Zanón, en Neuquén, hoy bajo el control obrero de la Cooperativa de Trabajadores FASINPAT (Fábrica Sin Patrón).
El de Zanon es un caso testigo de toda esta lucha. La planta recibió amenazas de desalojo, sufrió el secuestro de familiares de los trabajadores, amenazas a sus vidas, teléfonos celulares intervenidos, persecuciones policiales, judiciales y políticas y, como contrapartida, el enorme apoyo de la propia comunidad neuquina. Los obreros de Zanon son tal vez los que más se han preocupado por difundir su situación, pero lo hicieron poniéndose en contacto concreto con la sociedad: donación de cerámicos para escuelas, hospitales, realización de eventos culturales, recitales, articulación con otras luchas obreras de todo el país y con movimientos sociales, desde Madres de Plaza de Mayo hasta Cromañón (donaron un mural en memoria de los 194 chicos muertos el 30 de diciembre de 2004 en el boliche de Once). Cada tanto, como en el último día del niño, abren la fábrica para que pueda ser visitada por la comunidad, simbolizando de paso su apoyo a los derechos de la niñez.
Los trabajadores de la ex Zanón tienen autorización judicial para trabajar hasta el próximo 31 de octubre en la planta de Neuquén. Hace dos meses presentaron en el juzgado un pedido de prórroga y ya se reunieron con el juez Rafael Barreiro, quien admitió que estaba capacitado para otorgarlo.
No obstante, el objetivo final de los obreros continúa siendo la estatización de la fábrica bajo control obrero. Para lograrlo, presentaron un petitorio de iniciativa popular acompañado de 17.000 firmas, más del doble de lo que requiere la Constitución provincial para dar tratamiento legislativo a la cuestión. Aún no recibieron respuesta. Hace un mes, 17 nuevos trabajadores se integraron a Zanón. La plantilla ya suma 470 -casi doscientos más que cuando tomaron las instalaciones- y cada uno retira unos 1.800 pesos mensuales.
Además de Zanón, y de los casos del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, otras cooperativas están disputando en Tribunales y las legislaturas locales, y muchas veces también en la calle, el futuro de sus fuentes laborales, tal el caso del Hotel Bauen y los frigoríficos La Foresta y Subga, entre otras.
Pero no sólo crece la cantidad de fuentes laborales que se recuperan, también avanza la posible organización del sector. El Hospital Israelita inauguró una obra social para trabajadores de empresas autogestionadas. Por 50 pesos por grupo familiar -que abonan las cooperativas- brinda todos los servicios que presta cualquier obra social. En otro plan, de 98 pesos, los socios también pueden recibir prestaciones en sedes descentralizadas de la institución. Ya hay cinco cooperativas que suscribieron el acuerdo.




 

 

Publicado el: 21/09/2006
Fuente: www.lavaca.org

Categorías:
Economía Solidaria / Noticia

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    22 Sep 2006 14:41   UN vecino de Bragado
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