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Informe: La resistencia de las comunidades tobas
Muros visibles y cotidianos

Diferentes formas asume la discriminación hacia los Pueblos Originarios que residen en los barrios de Rosario, en su mayoría de origen qom: persecución policial, discriminación laboral, maltrato hacia mujeres y niñas y hasta protestas de vecinos que se oponen a la construcción de 490 viviendas en uno de los barrios tobas de la ciudad. enREDando dialogó con Miguel Medina y Ofelia Morales, referentes indígenas.

Los Pueblos Originarios, en distintas partes del país, son agredidos y vulnerados a través de diferentes modalidades. A todos ellos, se les niega el acceso a la justicia. Sufren persecución policial y sus mujeres y niñas padecen abusos, atropellos, maltratos. Las miradas de vecinos que no pertenecen a las comunidades son, en algunos casos, profundamente racistas. La lengua no es reconocida y sus reclamos ni siquiera son tomados en cuenta por los tres poderes del Estado. Son desalojados de tierras que les pertenecen por posesión veinteñal y cada vez se les hace más difícil obtener un empleo. Mueren de hambre y desnutrición en el norte del país, abandonados por un Estado que adolece de políticas sociales que reconozcan los derechos de los pueblos originarios.

Si trazamos un recorrido por algunos hechos públicos de discriminación hacia integrantes de las comunidades que residen en Rosario nos encontramos que en el año 2007, seis niños tobas fueron agredidos con gas pimienta por personal de seguridad de la empresa Siasa, a cargo de la custodia de Falabella, local ubicado en Sarmiento y Córdoba. “La sociedad tiene que tener más tolerancia. Yo creo que la discriminación es grave, tenemos que ser conscientes y no permitir que nos siga avasallando. Tiene que haber un respeto porque todos somos seres humanos y debemos cumplir las leyes contra la discriminación”, decía a enREDando Ruperta Perez.

En ese mismo año, denunciábamos también la persecución policial sobre tres hombres de la comunidad toba de Almafuerte y Travesía por personal de la seccional Sub 24. “Esta clase de trabajo que realiza la policía son avasallamientos a los derechos de la comunidad toba y no se reducen solo a esta comunidad, porque este atropello policial pasa en todas las villas de Rosario. Este es un hecho más de esta historia negra que tiene que ver con la comunidad y la Sub Comisaría 24 que fue puesta a propósito ahí en el barrio, por un arreglo que hubo en su momento con Ortolani y comerciantes de la zona de Empalme Graneros”, decía Santiago Bereciartúa, de la Consultoría Jurídica del barrio.

Miguel Medina, presidente de la Cooperativa toba La Constructora, denunciaba los mecanismos cotidianos de los que se vale la policía para amedrentar a las comunidades. “Siempre hacen lo mismo, sin ninguna orden judicial, acá es un barrio periférico, las casas son precarias, pueden entrar solo empujando, y siempre hacen lo mismo. En el año 2005, cuando la gente necesitaba más terrenos hicieron lo mismo, empezaron hostigar a la gente, a perseguirlo, a tener más bronca. Y acá la gente del barrio reclama sus derechos. Siempre tenemos este problema, de hostigamiento. Y a partir de esto, tenemos dificultad para pedir un papel de extravío, de hacer una declaración jurada, no tenemos ningún servicio que necesitamos, cuando hay algún accidente no están llegando y hacen cualquiera”.

En el año 2008, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y la organización Qomlasherolga, que integra Ofelia Morales, denunciaba los numerosos y silenciosos casos de violencia de género en las comunidades originarias y la negación del acceso a la justicia. Algunos testimonios salieron a la luz demostrando la fuerte discriminación que padecen niñas y mujeres indígenas al momento de acudir a la justicia y denunciar el maltrato. En el año 2003, una niña toba de apenas 15 años fue abusada sexualmente en la provincia del Chaco por tres hombres que no pertenecían a la comunidad. A pesar de los exámenes médicos que constataron la violación, los daños sufridos y las lastimaduras de la niña, los acusados fueron absueltos por el poder judicial. “¿Pueden acceder a la justicia las niñas indígenas que sufren abuso sexual?”, se preguntaba en aquel entonces, Ofelia Morales.

Testimonio de Ofelia Morales

Nos acercamos a la escuela intercultural bilingüe que tiene la ciudad, Rosita Ziperovich, ubicada en Génova y Travesía. Allí nos encontramos con Ofelia Morales y Alfredo, los dos únicos maestros de origen qom en una escuela donde, paradójicamente, el 100% de los alumnos son niños y niñas tobas. “En primer lugar se discrimina por ser diferente, por pertenecer a un pueblo originario, por tener lengua diferente, por tener un comportamiento diferente. Las ven como tímidas, se acercan a un sector y dicen son tobas, son aborígenes, son originarias. Creo que el racismo se torna muy difícil para nosotras y nos automarginamos. O dejamos el colegio, o dejamos de asistir a centros de atención de la salud. Esa es nuestra actitud, no luchar contra eso sino automarginarmos, porque es fuerte el racismo en la gente”, expresa Ofelia Morales, haciendo referencia a la discriminación que observa contra niñas y mujeres de su comunidad.

¿Cómo se manifiesta esta discriminación? “Al momento de asistir a un centro de salud no son atendidas o se las pasa para lo último. El indígena esta esperando que la llamen y cuando llegan a la puerta les dicen que ya no hay más turno, que vuelva otro dia. A mi me pasa también, el año pasado, el mismo Ministerio de Educación cuando nombra personas fuera de escalafón. Es una actitud del gobierno con el señor Director del Aborigen cuando dicen, tomemos a personas fuera del escalafón y no a Ofelia. Hay compañeras que no son indígenas y no quieren que trabaje con ellas. En primer lugar está el respeto. Al tocar un indígena se toca a toda la cultura, a todo el pueblo”. Ofelia Morales manifiesta algunas actitudes discriminatorias que ella siente en su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, denuncia casos de abuso sexual en Chaco, algunos de ellos se hicieron públicos, otros tantos quedan invisibilizados. “Hay otros casos tapados por la justicia chaqueña que me los presentaron en el último viaje que hice. Me reuni con la Presidente de la Cámara de Diputados para poder reflotar el tema de que hay muertes de mujeres indigenas jóvenes, violadas y asesinadas, y estan tapadas, no se hablan, no son noticia. Nosotros hicimos el encuentro el año pasado y queremos hacer otro este año con 20 mujeres jóvenes del Chaco para poder defender sus derechos. Es una propuesta, la de brindar herramientas jurídicas para que se defiendan.”

En Rosario, según Ofelia, el trato depende muchas veces de los jefes a cargo de las comisarías. En general, muy pocas veces se les toma la denuncia. Diferente es cuando el reclamo se presenta ante organismos estatales como la Secretaría de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo. “Al ser diferente, la discriminación a la mujer no es mayor que la del hombre. Se discrimina por ser diferente, por no manejar bien el castellano. Y la escuela está para desterrar eso, brindar una cultura y educación intercultural. Aca el gobierno nos dio solo dos cargos y hay 40 maestras no indígenas, esa es la desigualdad ante la ley. Es una discriminación encubierta desde el Estado hacia la población indígena en general. Estamos pidiendo al gobierno cargos para maestros idóneos y despues toman cargo para no indígenas. Y para los nuestros no hay respuestas.”

Alfredo es maestro qom y denuncia los mismos hechos de discriminación que manifiesta Ofelia Morales. “Aca vamos pidiendo todo al Ministerio para que los chicos tengan una educación y que no pasen lo que pasaron nuestros familiares. Pedimos al gobierno crear más cargos, elevamos notas, solicitudes pero hasta ahora no tenemos respuesta. En realidad, acá en la escuela todos los docentes deberían ser tobas. Esta escuela es la única experiencia en el país y la única de la comunidad.”

Ofelia y Alfredo tambien coinciden en que los chicos tobas no tienen acceso a los centros de diversiones, como por ejemplo, boliches bailables, no los dejan entrar. Y denuncian la resistencia de algunos vecinos ante la posibilidad de que se construyan viviendas en la zona de Travesía y Almafuerte. “Es una persecución suave pero que es dolorosa para nosotros. Nosotros si hicieramos discriminación en este momento no deberíamos estar hablando el castellano. Lo hablamos porque hemos aceptado convivir.”

Testimonio de Miguel Medina

Miguel Medina es presidente de una cooperativa de trabajo de la comunidad toba, ubicada en Travesía y Almafuerte. Además, participa activamente de una Comisión formada al interior de la comunidad que está llevando adelante un proyecto de construcción de viviendas impulsado por la Fundación Madres de Plaza Mayo. El mismo concretaría el acceso a la vivienda digna para 490 familias, la mayoría indígenas. El proyecto fue presentado por Hebe de Bonafini tiempo atrás, es financiado con fondos del Gobierno Nacional, pero hasta el momento parece no haber avanzado en la concreción por parte de la Municipalidad de Rosario. Frente a esta posibilidad de edificación de viviendas, vecinos autoconvocados de barrios cercanos han alzado su voz en contra del proyecto, lo que para Medina, es un profundo acto discriminatorio. “Ahora estamos trabajando en el tema de los terrenos, tratando de salir adelante. La Sub Comisaría deberia estar al servicio de la comunidad, el trato con ellos es bastante aislado. En realidad, siempre nos detienen por cualquier motivo, pero ahora tenemos más problema con los vecinos que con la policía. Están muy enojados por la ampliación de la villa y tenemos problemas con ellos. Han hecho panfletos, hablando a espaldas de la comunidad. Nuestro sueño es mensurar estos terrenos y hacer un buen barrio que solucionaria muchos problemas.”

La propuesta de los vecinos, respaldados por el Concejal Boasso, es construir viviendas para 169 familias. El problema es que, segun cuenta Medina, las familias tobas son más de 300 y las que no pertenecen a la comunidad pero habitan el barrio suman unas 80 familias aproximadamente. “Lo que no quieren los vecinos es que no se hagan más de 400 viviendas, sino solo 169. Las familias que quedarían afuera serían trasladadas a otros barrios. La idea es que no sea tan grande la población. Pero nosotros, como barrio, tenemos una Comisión bien preparada con personería jurídica nacional y a través de esa comisión trabajamos con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quienes proponen junto con la comunidad hacer 490 viviendas, inclusive para las familias no indígenas. Ellos viven acá porque quieren estar con nosotros y se adaptarían a nuestra cultura.”

“La idea de este proyecto es que todos los entes nacionales, provinciales, municipales, pongan su grano de arena. De la construcción, a través de un programa nacional, se hace cargo la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la comunidad. La Municipalidad interviene en el tema de planeamiento e infraestructura”, explica Medina. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes aparece con la resistencia de los vecinos a la concreción del proyecto original. “Nosotros queremos consensuar con ellos, no podemos dejar familias afuera. Vivimos hace mas treinta años acá junto con las familias no indígenas y además, muchos trabajan en la construcción, compra y venta de materiales reciclables, hay un mercado de trabajo y si se van a otro lado, donde no hay nada, va a costar mucho más sustentar la economía de la familia”, apunta claramente Miguel Medina. Según cuenta a enREDando, uno de los argumentos de los vecinos es el problema de la inseguridad. “Nosotros sabemos que cada casa estaría bien identificada, las familias que alli vivirán. No estan muy a favor de las familias que no son de la comunidad. Igual estan en contra de todos porque ellos dicen que, por ejemplo, es lo mismo que tenga una buena casa o buen vestido, pero los que están ahi dentro son los mismos, porque lo único que va a cambiar es lo de afuera, pero no lo de adentro. Y esto es discriminación, a pesar del apoyo”.

Para los integrantes de la comunidad toba estas protestas constituyen actos discriminatorios y no dudan en seguir motorizando, a través del Concejo Municipal, la posibilidad de que el proyecto, acutalmente frenado, se lleve adelante. “Acá la gente va a estar identificada por la Comisión. Las casas no pueden ser vendidas, solo se pueden hacer trueques con hermanos de la misma comunidad, o avalada por la comunidad si no es indígena, pero no se venden. Los terrenos no son vendibles y nosotros pasaríamos, a través de la personería juridica, a ser los dueños. Todo se va a saber dentro de la Comisión. Los vecinos comunen venden sus casas y no saben a quien. En este caso va a ser diferente. Todo va a estar controlado porque es una comunidad y todos sabemos de todos.”

El proyecto se discutirá en las sesiones del Concejo Municipal para ser aprobado, pero para Miguel, esto no debería ser discutido. “Queremos que los vecinos comprendan que nuestra comunidad no se puede dividir, que somos todos parte. Inclusive en el proyecto hay una especie de muro, pero verde. Van a haber tres o cuatro plazoletas, despues de la avenida, como dividiendo los barrios. El límite es Av. Travesía. Nosotros lo aceptamos porque tenemos que consensuar.”

La inseguridad aparece como el principal argumento de los vecinos a la hora de rechazar la ampliación del barrio. Sin embargo, nadie habla de la falta de acceso a servicios básicos que padecen las comunidades, de las precarias casillas de chapa en la que viven las familias tobas, del constante temor a ser desalojados de terrenos que para otros, son pedazos de tierras altamente negociables y rentables. “Nosotros sufrimos cuando hay una tormenta, sufrimos cuando hay tiroteo, no sabemos si van a tirotear adentro de las casas, sufrimos cuando no hay agua, cuando hace frio, cuando hace calor. Cuando hubo represión policial por el tema de los cables. Estamos en una ciudad en la cual necesitamos los servicios. Estamos en un terreno favorable y este es otro problema. Hay un terreno que vale casi 1 millón de dólares y nosotros somos conscientes también que este lugar tiene una alta cotización por el tema de los shopping y de la Travesia que se está remodelando. Pero nosotros no podemos estar pensando en cuestiones económicas. Los terrenos van a ser de la comunidad, y segun la ley, van a ser imbargables. Una vez que sean nuestros, no se van a poder embargar.” Actualmente, ésta es la principal lucha que afronta la comunidad toba.

La tierra y el acceso a la vivienda es un derecho que tienen los pueblos originarios y un deber del Estado. “Sin tierra la comunidad no existe. Para nosotros la tierra no es un negocio, es nuestra sobreviviencia.”





Fuente: Indymedia Rosario


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Publicado el: 16/04/2009


Categorías:
Pueblos Originarios / Documento

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    19 Apr 2009 09:53   maria saliba
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