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Políticas públicas en Latinoamérica (II)
Maquinaria pesada

¿Cuál es el papel de los Estados con respecto al reciclaje de computadoras? Si la tecnología no es neutra, el reciclaje de la misma tampoco lo es. El presente artículo explora la faceta política del reciclaje de computadoras en América Latina y ubica la región en un mapamundi en el que los movimientos transfronterizos de residuos informáticos generan gran polémica.

Cuando alguien deja de usar algo, siempre aparece otro que puede aprovecharlo. Y eso ocurre incluso de un país a otro, con computadoras y demás partes de equipos informáticos. Y este proceso, si bien parece simple, es en realidad muy complicado.
 
El modelo de transferencia de computadoras del norte al sur por lo general supone la siguiente secuencia de actores: un donante extranjero, un socio distribuidor, las organizaciones receptoras donantes y las organizaciones beneficiarias.

El donante extranjero es quien realiza la donación sin costo, luego de seleccionar, embalar y trasladar los equipos; el socio distribuidor se responsabiliza por el ingreso de los equipos, el reacondicionamiento e instalación del sistema operativo Linux y posterior monitoreo; las organizaciones receptoras donantes incorporan estos equipos recibidos a sus proyectos de inclusión digital, seleccionando al público beneficiario y distribuyendo las computadoras; finalmente, las organizaciones beneficiarias deben encargarse del mantenimiento y de funcionar como proveedoras para las personas usuarias que allí se acerquen a usar las máquinas.



¿Límites o contención?

En la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información desarrollada en 2008 en San Salvador se estableció como una de las metas del Plan de Acción Regional (pdf) de cara al 2010, promover el diseño de estrategias nacionales, la reglamentación sobre el manejo de los residuos tecnológicos para responder al impacto ambiental que causan y aprovechar su potencial en programas de reciclaje y reacondicionamiento.

Por su parte la denominada Agenda 21, programa de acción surgido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en 1992 en Rio de Janeiro, Brasil, viabiliza cambios en los padrones de consumo, reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. Algunas de sus propuestas tienen que ver con promover la aplicación de incentivos mercadotécnicos, económicos y legales para el reciclaje, recuperación y uso repetido de materiales de basura electrónica.

El Convenio de Basilea (doc) es un tratado internacional firmado en 1989 y ratificado por todos los países de América del Sur que busca disminuir tanto la generación como los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y considera a la basura electrónica dentro de esta última definición.

El artículo 14 del Convenio de Basilea establece la creación de centros regionales de capacitación y transferencia de tecnología en función de las necesidades específicas de las diferentes regiones y subregiones. La representación regional para América Latina del Convenio de Basilea, el Centro Regional del Convenio de Basilea para Sudamérica, se encuentra emplazada en Argentina. “Cada centro de capacitación y transferencia mantiene su autonomía. La idea es que a través del Centro se intente implementar una política global”, afirma la Dra. Leila Devia, actual directora del Centro Regional para América del Sur.

Uno de los puntos a ser destacados de este convenio es que le prohíbe a los países ricos deshacerse de los residuos mediante su transporte a países pobres. Este tratado monitorea el impacto ambiental de las operaciones de depósito, recuperación y reciclaje que se continúan al movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos.

Existen Estados exportadores de desechos peligrosos, Estados importadores y Estados de tránsito, a través de los cuales se proyecta efectuar un movimiento transfronterizo. Es sabido que de Europa y Estados Unidos parten barcos con toneladas de basura electrónica, cuyos destinos son fundamentalmente India, Kenia y China.

Aparecen dos cuestiones importantes que estructuran el Convenio de Basilea: los países subdesarrollados tienen una capacidad limitada para manejar desechos peligrosos y, al mismo tiempo, una preocupación latente por controlar el tráfico ilícito transfronterizo de los mismos. Y si bien por un lado los países más pobres tienen la necesidad de recibir donaciones de computadoras, también presentan por otro la necesidad de prevenir la entrada de basura electrónica.

En el Convenio de Basilea no se hace distinción entre la eliminación y el reciclaje, lo que significa que en el mencionado tratado figuran indistintamente artefactos que se reciclan y que se eliminan. América Latina se encuentra en esa encrucijada. Si bien todos los países latinoamericanos forman parte del Convenio de Basilea, aún existe el riesgo de que se importen residuos electrónicos bajo la fachada de artefactos reutilizables. Las crisis económicas nacionales son puertas que se abren para lo anterior, desafiando al máximo los mecanismos de auditoría y certificación que puedan bloquear su ingreso. Ante esta situación, pueden usarse dos salidas: otogarle a la aduana las herramientas necesarias para distinguir entre artefactos usados reutilizables y residuos electrónicos destinados al descarte, o bien la prohibición general de ingresar cualquier tipo de artefacto electrónico usado al país.

Algunos proponen una tercera vía, más controversial, que va de la mano de otro punto áspero del tratado: quitarle a los residuos electrónicos la carátula de residuo peligroso. El argumento que respalda dicha postura radica en que si bien el Convenio de Basilea es una herramienta para prevenir la circulación transfronteriza desordenada de residuos peligrosos como los electrónicos, otorgar dicho rótulo a la basura informática lo único que hace en verdad es dificultar al extremo la circulación de estos recursos tan preciados para muchas organizaciones que trabajan en su reacondicionamiento.

Devia responde a lo anterior destacando que resulta muy difícil controlar el tráfico ilícito que proviene de desechos encubiertos, “generalmente residuos que ingresan a los países importadores bajo la etiqueta de reutilización, cuando en realidad es muy difícil medir la solvencia tecnológica de dichos aparatos”.

En este sentido, Devia sostiene que si bien las realidades de los diferentes países de América del Sur son distintas y tienen diferente escala, la situación es bastante similar en lo que respecta a la importación de residuos peligrosos y al manejo que en cada país se realiza de los mismos.

Un aspecto fundamental en el que hace hincapié Devia es la notoria falta de articulación entre los diferentes actores que actúan e intervienen en un sistema de gestión. ¿Esto qué significa? La necesidad de “institucionalizar” dicho sistema a través del Estado.

Desde el 2008 en Argentina viene llevándose adelante un ámbito de discusión sobre un proyecto de ley elaborado por el senador Daniel Filmus, que espera ser tratado en el Congreso Nacional. De esta discusión han participado distintos actores que actualmente se ocupan del reciclaje y reacondicionamiento de material informático con fines sociales y educativos. “Hace dos años se dio una interacción bastante importante en relación al tema de la basura electrónica. Actualmente, el tema está un poco relegado, igualmente seguimos trabajando”, afirma Devia.

La directora del Centro Regional de Basilea enfatiza la necesidad de promulgar una ley nacional sobre gestión de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos (RAEEs) en Argentina, la cual permitiría instaurar un marco legal e institucional sobre un sistema de gestión que requiere de una acción política del Estado. “El tema es accionar. El aporte de todos es importante pero si no hay un empuje institucional, una planificación, es difícil”, agrega.

Es posible encontrar una situación similar en Brasil, donde el Senado tiene en sus manos un proyecto de ley (pdf) que establece plazo para que computadoras, componentes de computadoras y equipos de informática en general comercializados en Brasil,  cumplan con requisitos ambientales y de eficiencia energética.

En la justificación del proyecto se argumenta que “como cualquier actividad humana, la producción, el uso y el descarte de computadoras y otros equipos de informática producen impacto ambiental”. Y continúa: “con la popularización de las computadoras, tanto en el ámbito profesional como en el doméstico, problemas antes ignorados ganan escala y, en consecuencia, importancia. En ese contexto, tres de las cuestiones más importantes tienen que ver con la presencia de productos peligrosos; el consumo y el desperdicio de energía; y la posibilidad de reciclaje de partes y componentes”.


Estilo latinoamericano

Es de amplio consenso que una de las experiencias de reacondicionamiento de computadoras más exitosas en América Latina – si no la más exitosa - es la de Computadores para Educar (CPE), llevada adelante por el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje del gobierno de Colombia.

Tal como se explica en el sitio web de CPE, se trata de “un programa de reuso tecnológico cuyo objetivo es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos, y promover su uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de tecnologías de información y comunicación”.

Las computadoras dadas de baja por entidades estatales y empresas del país son recibidas en los cinco Centros de Reacondicionamiento que fueron inspirados en la experiencia del programa “Computers for Schools” de Canadá. Allí se reciben los equipos, se desmontan, sus partes son revisadas y direccionadas a diferentes secciones de acuerdo al tipo de pieza que se trate. Una cifra interesante: los centros tienen la capacidad mensual de producción de más de 1.500 computadoras.

Un aspecto interesante de esta experiencia es que se usan procedimientos y estándares muy precisos para todos los procesos, desde el momento en que las computadoras llegan al Centro de Reacondicionamiento hasta que son entregadas al beneficiario y esto es sumamente útil dada la enorme variedad de modelos y marcas de computadoras recibidas. Son seis los estándares técnicos que se utilizan para operar con los equipos recibidos y cada estándar se corresponde con un paquete de software que condice con la capacidad de la computadora en cuestión, de forma tal que se consiga extraer del equipo su máximo rendimiento.

En forma similar, el Proyecto Computadores para Inclusão es una iniciativa del gobierno federal de Brasil y otras entidades asociadas que ofrece equipos de informática recuperados a telecentros comunitarios, escuelas públicas y bibliotecas para colaborar con su informatización.

¿Cómo funciona el Proyecto CI? Órganos gubernamentales y empresas privadas donan computadoras y sus componentes a los denominados Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), que son lugares especialmente preparados para recibir, reacondicionar, almacenar y entregar equipos, además de descartar en forma ambientalmente correcta sus componentes no utilizables.

Hay CRCs en Porto Alegre, São Paulo, Brasilia y Belo Horizonte, además de dos que se encuentran en proceso de apertura en Bahia y en Pará. Allí trabajan y son capacitados cientos de jóvenes que aprenden un oficio y amplian sus perspectivas de inserción laboral, al ganar formación y experiencia. Las escuelas públicas, bibliotecas y telecentros comunitarios envian sus proyectos de inclusión digital para participar de un proceso de selección para ser beneficiarios de los equipos recuperados. Hasta 2008, fueron más de 500 las iniciativas de inclusión digital beneficiadas por el proyecto.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de Argentina es un organismo público que cuenta con más de medio siglo de historia. Dentro del mismo funciona el Subprograma Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que desarrolla intervenciones locales para generar conciencia ambiental y un mejor tratamiento de los residuos, involucrando a todos los actores participantes: vecinos, organizaciones sociales, recicladores y gobiernos municipales. Héctor González, coordinador de dicha instancia, destaca permanentemente el círculo virtuoso que se inicia con el tratamiento de residuos electrónicos, seguido por el cuidado del medioambiente, la generación de ingresos y la inclusión social.

“La misión en este caso es aportar calidad de vida”, apunta González: primero, a través de la recuperación de equipos, que es un tema fundamentalmente medioambiental que implica una mejor disposición de los elementos peligrosos y generación de posibilidades de trabajo. Y, por otra parte, a través de la inclusión digital, “que significa docentes con posibilidades de capacitarse mejor y trasladar esa capacitación a los chicos y, segundo, educandos con posibilidades de aprender, lo que les permite tener en el futuro una aptitud laboral y posibilidades de inclusión”.

“Siempre tenemos que tener una posición política desde un organismo público”, enfatiza el coordinador del INTI. Aún más clara debe ser en el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues como explica González, es un campo que “está a medias aguas”. “Como elemento en sí mismo es un residuo domiciliario y como elemento desarmado contiene elementos tóxicos. Entonces hay una zona gris en el medio con la que todo el mundo puede hacerse el distraído”.

Ahora bien: ¿qué papel asumen las organizaciones sociales en este escenario? ¿Será que son ellas quienes acaban haciéndose cargo de las zonas grises? El próximo capítulo de esta investigación consiste en una entrevista a miembros de Fundación Equidad de Argentina, una entidad sin fines de lucro que intentó, sin demasiado éxito, articularse con el Estado y consiguió lo contrario con empresas.


Por Flavia Fascendini con colaboración de María Cruz Ciarniello.
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“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística. Los conceptos, opiniones y otros aspectos del contenido de la investigación son responsabilidad exclusiva del autor y/o medio”.





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Publicado el: 09/10/2009


Categorías:
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