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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
A un paso de entrar en vigencia

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ampliamente debatida en todo el país y votada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2009, está a un paso de entrar en vigencia. Para el proceso de reglamentación se utilizará la misma metodología, democrática y plural, con la que se discutió el proyecto de ley. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia fue contundente y favorable para lograr su plena vigencia. Sobre este tema, enREDando dialogó con Eduardo Seminara, vicerrector de la UNR e integrante de la Autoridad Federal de Aplicación de la ley.

En la madrugada del 10 de octubre de 2009, luego de casi 16 horas de debate, en el Congreso de la Nación se votaba mayoritariamente la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con 44 votos a favor y 24 en contra. La histórica conquista, popular, política y democrática llevó más de un cuarto de siglo. Durante 26 años de democracia, el sistema de radiodifusión argentino estuvo regulado por un decreto de ley sancionado por la dictadura genocida de Jorge Rafael Videla.

La columna vertebral del nuevo marco jurídico, la Ley Nº 26.522, es el reconocimiento y la garantía del derecho humano a la comunicación. Sobre esa base universal e igualitaria, a través de sus artículos abre paso a la construcción de un sistema de medios que promueve el ejercicio de una comunicación plural y democrática.

En su texto, el proyecto transformado en ley contempla el trabajo elaborado durante años por distintos sectores políticos, sociales, estudiantiles y sindicales, de representantes de radios comunitarias y cooperativas. Recoge el trabajo de 300 organizaciones que, nucleadas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, le han dado un fundamento y sustento realmente significativo a la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Judicialización de la política
Desde su aprobación mayoritaria en el Congreso y posterior promulgación, la nueva ley viene siendo resistida, principalmente por los grandes grupos económicos y los multimedios, corporaciones que controlan el 80% de los contenidos audiovisuales en la Argentina, cuyos intereses monopólicos se verán restringidos y regulados a partir de esta ley que privilegia el derecho de las mayorías sociales.

Entre las diversas maniobras corporativas que se han sucedido para impedir la vigencia de la ley, por la vía judicial lograron colarse amparos y medidas cautelares, que desde hace meses mantienen suspendida la norma. Una de las medidas cautelares fue presentada por el diputado Enrique Thomas (del bloque Peronismo Federal) y dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza. Sobre esa medida cautelar, el 15 de junio se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de un fallo contundente, que viene a poner fin a la judicialización de la política, los ministros del Máximo Tribunal de Justicia: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, revocaron la decisión de la justicia mendocina. Un paso considerablemente significativo para lograr la aplicación de la ley, que sin embargo continuará suspendida, hasta tanto se resuelva una medida similar presentada en la provincia de Salta. (*)

Entre otros puntos, en el dictamen de la Corte se expresa que las medidas cautelares no deben ser una herramienta de judicialización de la política, se deja en claro que los diputados tienen todos sus derechos dentro de la cámara, y que no pueden reclamar por fuera del Congreso, una vez que la ley fue sometida a un legítimo debate.

Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, es uno de los directores de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley (ex COMFER) y en diálogo con enREDando, comparte su lectura sobre el tema:

- ¿Qué lectura te merece el fallo de la Corte Suprema de Justicia?

El fallo de la Suprema Corte de Justicia, sin bien era esperado, quizás no se esperaba la contundencia y argumentación que tuvo, aunque ya había sido anticipado el Procurador General de la Nación Esteban Righi. Nunca una medida cautelar puede tener más fuerza que la sanción de una ley hecha en Diputados y ratificada por el Senado. Tal cual como lo previeron los fundadores de la Patria, si la ley tiene origen en Diputados, la Cámara revisora es Senadores, y si pasó por Diputados con una mayoría, no sólo holgada, porque no fue sólo el oficialismo el que votó a favor de la ley, sino que hubo otros sectores que acompañaron (incluso opositores a las políticas del gobierno).

Con este fallo la Corte dice que las medidas cautelares no deben ser una herramienta de judicialización de la política. Y en ese sentido, es claro el Dictamen sobre su parte resolutiva cuando dice que los diputados tienen todos sus derechos dentro de la cámara de diputados, y que no pueden reclamar por fuera.

Además esta fue una de las leyes sometida a un proceso de participación popular y de opinión, quizás como ninguna otra. Fue sometida al debate, a la confrontación y a la recopilación de opiniones que la han mejorado sustancialmente del borrador inicial. Estos procesos participativos tienen esa riqueza, le dan la legitimidad de los votos de la Cámara de Diputados pero también la legitimidad de quien quiso participar, que tuvo la oportunidad de hacerlo.

Ahora falta resolver el recurso que está en la Cámara de Salta, nosotros intuimos que estando el fallo de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, sería muy raro que la Cámara de Salta falle en un sentido opuesto. De todas maneras la ley continúa suspendida en su aplicación por este motivo.

Después quedan otros recursos que se han ido presentando sobre parte del articulado, sobre todo los referidos a la intransferibilidad de las licencias y a la desinversión por parte de los grandes grupos económicos, son recursos sobre artículos que no afectan la vigencia de la ley.

- ¿Cómo está pensado el proceso de reglamentación de la ley?

Para la reglamentación se va a aplicar un proceso participativo, se va a consultar a todos los actores, como se hizo con el proyecto de ley. Se empezará ni bien se pueda aplicar la ley. Con el mismo criterio, no sabemos si de la misma manera, si por escrito, si a través de foros, pero sí vamos a garantizar de que todo aquel que quiera aportar a la reglamentación del articulado, tenga oportunidad de hacerlo. Y consensuar la mayor cantidad de intereses posibles.

Creemos que la reglamentación es casi tan importante como el articulado mismo de la ley, porque la reglamentación viene a poner blanco sobre negro a algunas cosas que podrían tener más de una interpretación. Entonces, una reglamentación lo más ajustada posible, reduce la libre interpretación, y con lo cual reduce también la posibilidad de recurrir a estrados judiciales sobre determinados intereses que podrían verse tocados. Creo que eso es lo más importante, y después la aplicación de la nueva ley, con todo lo que implica ese cambio en nuestro sistema.

Si a eso le sumamos que también va a estar la reglamentación de la Televisión Digital Terrestre, y la implementación en todo el territorio de la Televisión Digital Terrestre para fin de año, creo que vamos a estar hablando de un sistema totalmente distinto, de un mapa nuevo, con nuevos actores, con nuevas posibilidades de producción independiente, nuevos contenidos y pluralidad de voces. Es un cambio trascendente en materia de participación democrática en medios de comunicación.

- La nueva Ley destina el 33 por ciento de las frecuencias para organizaciones sociales sin fines de lucro, ¿Contempla cuestiones presupuestarias para el sostenimiento de las mismas?


En el articulado de cómo se van a distribuir los gravámenes que se van a cobrar, está previsto el porcentaje para el Instituto Nacional de Cine, para el Instituto Nacional de Teatro y un fondo concursable todos los años de fomento de la radiodifusión. Lo que nosotros creemos es que ese 33 por ciento no debe pensar que es sólo el Estado el que lo debe mantener, se deben elaborar proyectos que sean lo suficientemente inteligentes como para ser autosustentables. Pensar que a lo mejor la asociación de varias organizaciones sociales les permita tener un medio de mejor calidad y de mayor producción, pensar en los contenidos y en la manera de sostenerse.

Porque sino le vamos a terminar dando la razón a los grandes detractores de esta ley que dicen que el 33 por ciento para lo social también va a ser del Estado. Nosotros queremos que sea independiente del Estado porque es un sector que tiene cosas que decir, y sus intereses a veces coincidirán o no con los gobiernos que haya, entonces parte de la libertad de gestión de medios tiene que ver con la libertad de gestión económica también. El Estado debe garantizar que las organizaciones sociales tengan el espacio legal para acceder y para competir con otros iguales. Hasta ahora estaba prohibido, la organización social no tenía acceso, eran o los privados o el Estado, y el Estado en la ley 22.285 podía estar sólo en aquellos lugares donde los privados no querían estar.

- Estando a un paso de la aplicación de la nueva Ley, ¿Cómo ves el panorama hacia adelante?

Creo que el trabajo fuerte que viene ahora, es central. Lo primero que hay que hacer es el trabajo de la sanción del reglamento interno del funcionamiento del Directorio de la Autoridad Federal, para lo cual vamos a tener 30 días a partir de que efectivamente se levante la prohibición de aplicar la ley. Luego tenemos 60 días para reglamentar la ley, y 180 días para la confección, junto a otros organismos, de un nuevo Plan Técnico en materia de Servicios de Radiodifusión.

Creo que en algún punto, cuando pasen todas las instancias de apelaciones y pasen todos los dictámenes, habrá que cumplir la ley, como cualquier otra. Hay que pensar que la ciudadanía a través de sus organizaciones ha manifestado una necesidad de cambio.

Esta ley ha tenido una trascendencia mayor porque justamente algunos de los sectores afectados tienen en su poder la concentración de más del 80 por ciento de los medios de la Argentina.

La repercusión mediática que ha tenido esta ley tiene que ver con que se viene a desarmar un sistema monopólico o cuasi monopólico en materia de radiodifusión, y los intereses afectados han usado y usarán todos los medios que tengan para hacer sentir el peso de su opinión. Por eso es importante que rápidamente aparezcan nuevos actores, porque el proceso de transición de un sistema a otro va a llevar un tiempo.

(*) Sobre el cierre de la presente edición de enREDando, se definió el fallo de la Cámara de Salta en favor de la aplicación de la Ley de Medios. En su resolución, se retomó el planteo realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La de Salta, era la única medida cautelar que mantenía suspendida en su totalidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.





Más información:

Texto completo del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Nº 26522.

Noticia: La Justicia de Salta falló a favor de la Ley de Medios.
 

Publicado el: 22/06/2010

Por Vivi Benito.
Categorías:
Redes y Nuevas Tecnologías / Reportaje

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    03 Dec 2010 04:39   tejebkq
rxGSCWsKGNJECAfFe
 
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