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Entrevista con Gustavo Lorenzo
“Cambiar una lógica de 100 años de golpe es muy complejo”

enREDando dialogó con el abogado especialista en Niñez e integrante del Centro de Asistencia a la Víctima, Gustavo Lorenzo, acerca de las condiciones de alojamiento de los niños y niñas en los hogares de la provincia. En una extensa charla, Lorenzo analiza las complejas aristas que atraviesan la relación del Estado con estas instituciones y lo que significó el corrimiento de la antigua Ley de Patronato a la actual ley de Protección Integral 12.967.

Entrevistado por enREDando, el abogado Gustavo Lorenzo, del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, opina que “el alojamiento permanente de niños en situación de vulneración de derechos tiene varias aristas conflictivas”. Entre ellas, el cambio de paradigma que implicó la salida de la Ley de patronato a la Ley nacional 26.061 y a la Ley provincial 12.967. “Esto generó el corrimiento de los juzgados de menores y la aparición de las autoridades administrativas tomando las decisiones de las medidas de protección excepcional que en el 90% son situaciones de alojamiento en las instituciones.”

De esta manera, Lorenzo explica lo que significaba la antigua lógica del patronato: un tándem entre el poder judicial, las estructuras de beneficencia y un Estado “que nunca invirtió nada en niñez”. “En un momento, las entidades de beneficencia comenzaron a recibir subsidios del Estado, y el Estado muy a cuentagotas fue invirtiendo en presupuesto. Lo que ofrecían estas instituciones eran techo, comida, casa y cualquier voluntario que cuidara niños, sin control sobre ello. Era un depósito de techo, casa y comida, que es el imaginario que todavía hoy planea en la gran mayoría de los hogares, tanto públicos como privados, sobretodo en éstos. En ese marco, los juzgados de menores no podían ejercer un control sobre qué pasaba con estos hogares y si se daba el vínculo de estos chicos con sus familias. Hoy en día al desaparecer los juzgados de menores, esta estructura de estos hogares tiene una dependencia directa con la dirección de niñez de la provincia o con la Subsecretaria a nivel provincial. Estos hogares son asociaciones civiles privadas y el Estado tiene muy poca injerencia en lo que hace a la organización de la Asociación Civil. Puede haber algún control edilicio en cuanto a ordenanzas municipales para poder brindar habilitaciones, pero no hay más control de cómo están los chicos, de los profesionales que están con ellos. Debería haberlo porque la ley nueva lo dice expresamente. Obliga a las ongs que tengan determinadas condiciones. ¿Cuál es el problema? Que el Estado está entrampado en que si trata de exigirle a la ongs lo que la ley cumple, se caen todas las ongs. Y de golpe que harían 200 chicos en la calle, sin ningún trabajo que pueda rearmarlos en algún lugar.”

Frente a esta situación “perversa”, el especialista plantea un interrogante fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alojamiento? “Es una cuestión mucho más compleja que solamente techo, casa y comida. Es algo que necesita trabajo técnico específico, políticas claras, mucho presupuesto y mucho trabajo entre la institución de alojamiento, los equipos de atención primaria, políticas públicas, y que hoy no existe.”

¿Qué sucede con el vínculo con las familias? Gustavo Lorenzo manifiesta la situación de muchos hogares que poco les interesa articular un trabajo con los lazos familiares. Esto repercute en el tiempo que los niños llevan alojados en las instituciones. “El problema es que como a estos hogares no les interesa hacer una intervención con la familia, tampoco está claro cuál es el tiempo que estos chicos tienen que estar ahí adentro. Si hay situaciones donde hay que tomar a un niño y sacarlos de una familia porque hay un problema grave, ese chico entra en un circuito donde uno nunca sabe cuándo va a salir.”

El presupuesto asignado y los recursos también constituyen un punto fundamental en esta problemática. “El 90% del problema es presupuestario. No hay presupuesto para sostener hogares de funcionamiento con una perspectiva seria de trabajo. Hogares de alojamiento donde haya responsables trabajando, gente preparada para trabajar con niños”, explica Gustavo Lorenzo. “Una situación de un conflicto familiar de situación de maltrato sobre los niños es algo que genera la afectación de derechos del niño. La cuestión es generarle condiciones a ese niño para que pueda desplegar sus derechos lo más adecuadamente posible. Si esas condiciones se las puede dar su centro de vida, bien, sino su centro alternativo o eventualmente una institución. Ahora, esta institución no puede afectarle más derechos o afectarle otros derechos y terminar siendo el mal menor, porque eso es lo que está pasando hoy en día. No puede ser que estas instituciones no puedan adaptarse a los niños. Como está todavía la lógica del depósito, entonces se generan todas las crisis que los niños sufren adentro de las instituciones.”

Nuevamente aparece aquí la complejidad del trabajo conjunto con las familias. Familias que han sido desmembradas por la pobreza y cuyas condiciones de vida están fuertemente deterioradas a causa de los modelos económicos que han arrojado a miles de personas a la profunda marginalidad. ¿Cómo se hace para exigirle a una madre y a un padre que jamás tuvieron una vivienda, acceso a los servicios de salud ni derechos básicos garantizados.? “Hay un gran número de situaciones que no tienen claridad, entonces hay que hacer todo un trabajo, evaluar, agotar etapas y todo eso no está previsto que se haga”, refiere Lorenzo para quien desde su visión como abogado, se debería modificar la ley. “Porque no termina de romper con el paradigma del patronato, no genera políticas claras, no genera precisión y garantías de previsibilidad y legalidad para todos los operadores del sistema.”

¿Esto qué significa? Dentro del Estado, hay muchas estructuras que trabajan con lógicas particulares y diferentes entre sí. “En esas estructuras hay muchas excusas en cuanto a la competencia que impiden poder avanzar y, mientras, el niño sigue dando vueltas, empieza a deambular. Muchas veces hay problemas que tienen que ver con cuestiones habitacionales, cuestiones de salud, de salud mental, cuestiones económicas, conflictos de violencia interna de una familia. Entonces, no hay un esquema que pueda adaptarse a las situaciones de las personas.”

Por otro lado, el control que debería el Estado provincial realizar sobre las condiciones de alojamiento de los hogares parece ser, según la opinión de Gustavo Lorenzo, una cuestión “perversa”, ya que al ser asociaciones privadas, la injerencia del Estado es limitada. Lo que debería hacer el Estado es dejar caer los convenios con estas organizaciones.", expresa. Frente a esto, se pregunta Lorenzo  ¿qué se hace con los niños que están alojados?. “Es por eso que es perverso", finaliza, con miles de preguntas abiertas para un debate que el Estado no puede ni debe ignorar. 






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Publicado el: 18/07/2011


Categorías:
Infancia / Adolescencia / Documento

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    21 Jul 2011 07:56   monica
tema niñez
 
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