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Explotación sexual de mujeres
Basta de Trata

El tema está latente en la agenda pública debido a uno de los casos más emblemáticos: el de Marita Verón. La trata de personas es el segundo negocio que más ganancias genera en el mundo. El tráfico de personas, y de mujeres para su explotación sexual, es una problemática que supone la complicidad de muchos actores. enREDando dialogó con la Dra. Susana Chiarotti, referente del Insgenar, sobre las leyes vigentes, el vínculo de la trata con el modelo sojero, el caso Marita Verón y las políticas públicas al respecto.

Marita Verón desapareció hace 10 años. Florencia Penacchi fue vista por última vez el 16 de marzo del 2005. Érica Soriano estaba embarazada y la última vez que la vieron fue el 21 de agosto de 2010. Entre 400 y 500 mujeres desaparecen por año en Argentina.

Las cifras existentes son estimativas. Los relatos de las mujeres que lograron escapar son desgarradores, dan cuenta de que las redes existen y abren el camino a preguntarse sobre la trama de actores que encubren estas prácticas delictivas.

Actualmente el país cuenta con la Ley de Trata de personas Nº 26.364, de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, reglamentada en 2008, que incluye también la protección de las víctimas que logran salir de las redes de tráfico. En junio de 2011, la Presidenta Cristina Fernández prohibió los avisos de oferta sexual en los diarios, rubro 59, dando paso a una acción más contra la trata de personas.

Los distintos movimientos de mujeres y de derechos humanos que trabajan con la problemática siguen reclamando algunas modificaciones a la Ley de Trata. Sobre el tema enREDando dialogó con la Dra.Susana Chiarotti, presidenta de Insgenar (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo).

“Antes de que tengamos esta ley no se podía juzgar al delito de trata de manera apropiada porque en general las personas trafican a las víctimas de una provincia a otra, lo que lo convierte en un delito federal. Con el antiguo código penal, eso no estaba contemplado”, explica Susana. “La ley de trata permite darle un marco federal”.

En tanto, la forma de juzgar a los proxenetas apropiadores de menores es diferenciada también en cuanto a la de mayores. A los que se apropian de chicas mayores no se los juzga directamente, primero se les pregunta a las víctimas si están en el lugar por consentimiento propio, cuando la mayoría de ellas son obligadas y hasta amenazadas con sus familias por los apropiadores.

“La ley es bastante buena, pero lamentablemente hace una diferencia entre adultas, menores y mayores de 18, que perjudica en la mayoría de las sanciones de los proxenetas. Cuando se encuentran en manos de traficantes a menores de 18 años, se condena a los culpables sin preguntarle a la víctima si fue con su consentimiento o no. Cuando las personas que están en manos de esas redes son mayores de 18 les preguntan si están de acuerdo o no con estar en ese prostíbulo. Entonces si ellas dicen que están de acuerdo, los tipos quedan libres”, explica la referente del Insgenar.

Además, agrega: “muchas de las chicas que están ahí, están retenidas contra su voluntad pero no lo pueden decir, porque en el momento en que les hacen los interrogatorios están presentes los que las cautivan, entonces no pueden evadir eso. La mayoría están amenazadas con sus familias, algunas dejaron los hijos fuera”.

Chiarotti nos cuenta de un caso en el que las chicas se encuentran en Río Gallegos y sus hijos en una guardería de Punta Arenas, como de rehenes. “No creemos que nadie sea traficado con consentimiento propio, con su voluntad, porque otra cosa es el ejercicio de la prostitución en otros lugares. Creemos que este marco habría que mejorarlo”, agrega.

Caso testigo

El caso Marita Verón es uno de los más emblemáticos, no sólo por la visibilidad mediática, sino por la lucha incansable de su madre, Susana Trimarco, quien logró desarmar varios prostíbulos y liberar a muchas jóvenes que eran obligadas a prostituirse en provincias del interior.

Marita desapareció en el 2002. Tenía 23 años y una hija muy chica. Iba camino al ginecólogo cuando supieron de ella por última vez. En el juicio que se está llevando a cabo en Tucumán, de donde era la víctima, hay acusados que fueron reconocidos por varias chicas quienes, con mucho valor, declararon haber visto a Marita en prostíbulos de La Rioja, golpeada, drogada y con un bebé. Pero parece ser que estas pruebas no son suficientes para la Justicia.

“Este caso y este juicio, y sobre todo la tenacidad de la madre, lo que trajo a la mesa fue una realidad que la sociedad argentina prefiere no ver. A los culpables, por ejemplo, y mostrarnos a nosotros lo que está pasando, en la sociedad y en la cantidad de complicidades que hay atrás de este crimen que es nacional e internacional”, opina Susana.

“Creo que Argentina va a tener en ese juicio un caso testigo, que va a marcar rumbo, va a ser un antes y un después. Vecinos amables de la ciudad de Tucumán se van a convertir en lo que son: proxenetas que obtenían grandes ganancias debido a la explotación de los cuerpos de las chicas”, sigue.

“Rescato que finalmente estamos teniendo justicia y que para que ese juicio oral se pudiera montar hubo que hacer muchos esfuerzos que hay que valorarlos. Esfuerzos de los jueces, de los fiscales, de parte de los querellantes que estuvieron al pie, de parte de muchas mujeres que fueron víctimas y se atreven a testimoniar. Hay mucho coraje en ese juicio”, dice Susana.

Pero por otro lado aclara: “acá nos encontramos con los obstáculos que por otra parte nos marcan el porqué no hay otros juicios de este tipo más seguido y no haya más proxenetas que están siendo juzgados. Ahí entramos en un tema ríspido y es el de la complicidad de algunos sectores de las justicia con los traficantes y de algunos sectores de la parajusticia, como el sistema de seguridad, la policía con los traficantes. Lamentablemente esas complicidades garantizan la impunidad de los proxenetas. Y esta impunidad permite la multiplicación de los casos. Este es un crimen que genera muchas ganancias. Que ha desplazado incluso al tráfico de armas”.

Asegura que “esto indica que los traficantes pueden disponer de muchos dinero para comprar voluntades. Este es un delito que no podría subsistir sin la colaboración y la complicidad o el silencio de las fuerzas de seguridad. No puede. Esta a la vista de todo el mundo”.

Y rescata: “La exposición de este caso ayuda, y mucho. Me encontré por con gente joven que me decía que por primera vez se había dado cuenta de la dimensión. Que sí sabían que eso existía pero que estaba tan lejos de sus vidas. Esto permitió a la gente que no esta tan empapada del tema, no como nosotras que somos una organización que estamos todo el tiempo investigando o leyendo sobre estos temas, poder acercase a este problema. Eso genera conciencia y eso genera masa crítica”.

Negocios paralelos

Desde la provincia de Santa Fe, varios grupos denuncian diariamente el modelo de producción sojero como un aliado directo con la trata de personas. “El comercio de la soja y el boom extractivo que cada vez trae más personas a la ciudad, va generando que se abran más prostíbulos en los alrededores, donde ciento de chicas son llevadas a la fuerza a trabajar”, explica la especialista Susana Chiarotti.

Desde esta perspectiva, los movimientos acentúan su reclamo en pedir la penalización para el cliente que consume seres humanos. Sin clientes no hay trata. “Hay muchos hombres del campo, del interior, que vienen a consumir sexo a los prostíbulos de Rosario”, cuenta. “Creo que los cambios que estamos pidiendo en la ley, también tiene que ver con eso. No habría tanta oferta si no fuera tanta la demanda”.

“Hay lugares que son como emblemáticos, como Río Cuarto, donde hay cruces de varias rutas que es como el triángulo de las Bermudas, donde hay chicas muy jóvenes entrando en la prostitución. Santa Fe se ha caracterizado por poseer la mayor cantidad de proxenetas del país, no lo digo yo, lo dice la OIM y la gente que está trabajando en el tema. Esto del oro verde y la riqueza que genera, además de crear deformaciones en nuestro mercado local, el mercado inmobiliario, genera también este tipo de distorsiones”, cuenta.

Pero esto abarca una problemática mucho mayor: “Mucha gente que en el campo tiene una vida doméstica y familiar, irreprochable a las luces de una moral tradicional, viene a la ciudad y lo primero que hace es consumir sexo. Eso hace que el mercado quiera también buscar lo exótico. Esto hace que en Rosario sea un lugar donde vienen a parar muchas chicas extranjeras, de otros países”, detalla Susana.

“Los lugares están a la vista y la policía lo sabe porque pasa a cobrar sus honorarios que no quedan en manos de la gente que va a cobrar, sino que se reparten de acuerdo a tarifas prefijadas. Todo va según los canales establecidos. Se han hecho cambios en la policía pero nosotros no vemos que se estén allanando prostíbulos y que esos lugares estén desapareciendo”, cuenta.

Y agrega: “Esas son ganancias que no pasan por las arcas oficiales. Hay una propuesta de la OIT para legalizar la prostitución, tomando por ejemplo a países que han legalizado esta práctica y que este negocio significa un tercio del producto bruto interno. Pero si se legaliza el proxeneta pasaría a ser un comerciante de la prostitución, las chicas que trabajan deberían anotarse y de esta forma aportar una parte de lo que ganan al Estado. De esta forma, el Estado se convertiría en cómplice de la prostitución y de la explotación de los cuerpos de las mujeres”, según explica la posición de su grupo Susana.

Detrás de los avisos

El 5 de junio de 2011, la Presidenta Cristina Fernández, dispuso un decreto que prohíbe los avisos de oferta sexual en los diarios, el famoso rubro 59, como una medida para comenzar a erradicar la trata de personas. Pero esta situación abrió un debate. El grupo militante de trabajadoras sexuales nucleadas en AMMAR se opuso al mismo debido a que les impedía poder ofrecer sus servicios.

“Pero ha cambiado la situación de la prostitución en la calle. El caso Sandra Cabrera marcó un antes y un después, porque esto hizo que las chicas que trabajan tuvieran miedo de enfrentarse a los poderes y favoreció el proxenetismo, porque ya no quedan tantas trabajadoras independientes”, explica Susana.

Se sabe que con la sanción de este decreto se permite desarmar ese negocio, “el cual se escondía también atrás de avisos glamorosos como gane 10.000 pesos por mes, para chicas que no llegan a los 2.000, trabajando de entretenedora en un bar, por ejemplo”, agrega Susana. Y resalta: “este decreto perjudicó a los diarios que ganaban también como cómplices de este negocio del proxenetismo. De esta manera se elimina un vehículo”.

Acciones concretas

Lo que se viene realizando en cuanto a la prevención de esta problemática es mucho. Hay un proyecto de la diputada Marcela Rodríguez (quien renunció a la Coalición Cívica), presentado en el Congreso para penalizar al cliente y de esta forma correr el foco de acusación.

Además desde los distintos movimientos se viene trabajando desde hace años para erradicar esta práctica, si bien se sabe que es un camino muy largo porque tiene a muchos actores sociales involucrados que son socialmente aceptados en sus roles, como la policía, los jueces, los políticos.

El Estado tiene un papel fundamental en esta lucha ya que debe garantizar todos los elementos necesarios para poder desbaratar estas bandas que desaparecen mujeres. Desde la policía hasta los programas de asistencia a las víctimas, desde la implementación y el cumplimiento de las leyes, hasta el resguardo de las chicas que logran salir de esas redes y se animan a denunciarlo.

“Desde los trabajos que vayamos haciendo tenemos que ir apuntando cada vez más al consumidor. En quienes consumen. Tienen en cuenta de la situación en la que esta esa persona que ellos están consumiendo, de su historia. No es fácil consumir a otro ser humano, no es un auto, no es una cafetera. Ese cuerpo tiene sentimientos”, asegura Chiarotti.

Y agrega que “dentro del movimiento hay mucho debate, se está trabajando en encuentros, en seminarios, en jornadas, en materiales de difusión y de capacitación, tanto sea de los movimientos sociales como desde el gobierno. Hay pedidos formales para que se modifique la ley de trata. Se necesitarían grandes campañas para garantizar la libertad de las mujeres, para erradicar la violencia de género, trabajar por la igualdad entre mujeres y varones. Una de las bases de la explotación de las mujeres es por considerarlas seres inferiores, a las que se puede usar y cuerpos que se pueden explotar. Habría q trabajar también para que tomen conciencia los colectivos de varones y tal vez una ley q penalice al cliente pueda hacer q se controlen y hacer q se comience a cambiar la cultura”.

Asegura además que “el papel del Estado en esto es crucial. De acuerdo a la política que tome dependerá de si los niveles de ese crimen se detienen, disminuyen o no, si quedan en la impunidad los proxenetas o son sancionados, si se promueven políticas de trabajo en capacitación para gente joven que les permita otra salida y no caer en manos de gente inescrupulosa. Campañas de clarificación de que puede pasar si entras en una red de trata. La condena a los culpables en estos casos, es ejemplificador porque se empezarían a cuidar”.

Susana Chiarotti concluye con contundencia: “el Estado tiene muchas tareas. Tal vez habría que fortalecer los debates de estas temáticas, no solo con el Estado, sino también con otros movimientos como los de derechos humanos, para que también se tome dentro de su agenda”.



Foto: Campaña "Contralatrata", en facebook.


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Publicado el: 20/04/2012

Por Estefanía Giménez.
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