M?s de cinco siglos no bastaron para recomponer la historia. Los ind?genas, verdaderos due?os de la tierra, siguen luchando para conservar lo que les es propio, su forma de vida, su cultura. Diversos proyectos e intereses econ?micos de minor?as siguen expropiando su futuro, y su pasado.
Casi 6.500 familias de Rosario est?n compuestas por ind?genas o descendientes. Muchos de ellos - pertenecientes a la comunidad toba - son refugiados ambientales, que migraron desde el Chaco corridos por el desmonte y la expansi?n de la frontera agr?cola, que les quitaron su forma de sustento, y sus lugares sagrados. Aqu? en Rosario viven en la pobreza, luchando por vivir con los recursos m?nimos que antes su tierra les brindaba generosamente.
Historias similares viven comunidades de distintos puntos de nuestro pa?s, corridos y afectados por desmonte, miner?a, proyectos de represas, y la venta de tierras a particulares. Ejemplos claros son los de una comunidad Wichi en Salta, amenazada
por la posibilidad de que sus tierras - parte de una Reserva Natural Provincial que fue desafectada por el gobierno salte?o - sean vendidas para el cultivo de soja; el pueblo mapuche en Chubut, quien lucha ante el proyecto de construcci?n de seis represas  sobre el r?o Corcovado; y los mbya-guaran? en Misiones frente a una empresa de celulosa que amenaza sus territorios, leg?ndoselos a la Universidad de La Plata, con comunidades incluidas.
Para pensar sobre el verdadero significado del 12 de octubre, difundimos dos textos que relatan la problem?tica de comunidades ind?genas afectadas por proyectos en los cuales hay empresas argentinas involucradas: la lucha del pueblo Sarayacu (Ecuador) contra la Compa?a General de Combustibles, y de diversas comunidades de Per? perjudicadas por el proyecto de extracci?n de gas de Camisea donde est?n involucradas Techint y PlusPetrol.

Para?so destrozado

Proyecto Camisea en Per?

"En el pasado, la Shell trabaj? aqu? y casi todos nosotros morimos por las enfermedades, [...]. Sabemos que si otra compa?a viene a trabajar aqu?, destruir? nuestros r?os y nuestras tierras. Los r?os ser?n contaminados, los peces morir?n y los animales escapar?n. Ministro, queremos preguntarle qu? vamos a comer cuando los r?os est?n muertos y los animales hayan escapado. [...] No queremos que las compa?as vengan a trabajar aqu?, queremos agua limpia y una vida tranquila y pac?fica."
Delegaci?n del pueblo ind?gena Nahua ante el gobierno peruano, tomado de un comunicado de prensa de Amazon Watch de noviembre de 2003.
El proyecto de extracci?n de gas Camisea en Per? es actualmente el proyecto m?s perjudicial de la cuenca del Amazonas. Ubicado en el remoto valle Urubamba en la regi?n sudeste de la Amazon?a peruana, este proyecto de US$ 1,6 mil millones de d?lares incluye dos gasoductos que van hasta la costa peruana atravesando una "zona cr?tica" de biodiversidad del Amazonas considerada por los ecologistas como el "?ltimo lugar de la tierra" que se podr?a perforar para extraer combustibles f?siles. Casi el 75% de las operaciones de extracci?n de gas est?n ubicadas en una reserva estatal para pueblos ind?genas -que viven con escaso o ning?n contacto con el mundo exterior- que han sido contactados a la fuerza por los consorcios de Camisea, lo que constituye una violaci?n de sus derechos reconocidos a nivel internacional. Este gasoducto tambi?n atraviesa uno de los bosques tropicales m?s pr?stinos del mundo, hogar de los pueblos ind?genas Nahua, Kirineri, Nanti, Machiguenga y Yine. Se est? construyendo una planta procesadora de gas en la costa peruana dentro de la zona de amortiguaci?n de una reserva marina de importancia internacional.
El consorcio responsable es Transportadora de Gas del Per? (TGP), liderado por la empresa argentina Techint con una participaci?n del 23,4%. Los otros socios son la argentina Pluspetrol y la norteamericana Hunt (con un 22% cada una), la sur coreana SK Corp y la argelina Sonatrach (con un 11% cada una), la belga Tractebel (8%) y el consorcio peruano Grana e Montero (2%).
El otorgamiento de la concesi?n para este proyecto fue un requisito previo para que Per? pudiera recibir pr?stamos del Fondo Monetario Internacional en la d?cada de 1990. En el transcurso del actual a?o, el proyecto finaliz? e inici? actividades. Encabezadas por la argentina PlusPetrol, compa?as sin experiencia y con antecedentes ambientales deficientes han seguido adelante con la construcci?n, sin demostrar ni voluntad ni capacidad para evitar los graves impactos ambientales y sociales que afectan actualmente a toda la poblaci?n local. La supervisi?n del gobierno es d?bil, y los organismos financiadores del proyecto parecen no tener ni capacidad ni ganas de poner en pr?ctica las normas internacionales necesarias para detener la
devastaci?n.

Cr?ticas a Camisea

En lo que constituy? una gran de la campa?a, el Banco Estadounidense de Exportaciones e Importaciones (Ex-Im Bank) se rehus? a financiar el proyecto en agosto de 2003, siendo la primera vez que el Directorio del Ex-Im Bank rechaz? un proyecto por razones ambientales. Sin embargo, pocos d?as despu?s, el proyecto obtuvo un pr?stamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pesar de que no cumple con las exigencias de las normas internacionales, que proh?ben el ingreso en tierras de pueblos ind?genas no contactados y exigen eliminar la terminal de exportaci?n propuesta en la zona de la Reserva marina de Paracas protegida por la Convenci?n de Ramsar.
La negativa del Export-Import Bank y de la Corporaci?n de Inversiones Privadas en el Extranjero (Overseas Private Investment Corporation - OPIC) de financiar el proyecto Camisea y el reciente retiro de Citigroup como asesor financiero, configuran nuevos s?ntomas de que el proyecto representa serios riesgos financieros, ambientales y sociales. Ya existen informes de que el proyecto ha causado erosi?n y contaminaci?n masiva y que en su implementaci?n se han utilizado t?cticas para generar divisiones
en las comunidades. El experto ambiental internacional Dr. Robert Goodland ha sugerido llevar adelante una investigaci?n sobre las acusaciones que afirman que el contacto iniciado por el proyecto est? afectando negativamente a los grupos ind?genas aislados, que carecen de inmunidad ante enfermedades respiratorias y gastrointestinales comunes.

M?s informaci?n:
Amigos de la Tierra Internacional
http://www.foei.org/esp/publications/pdfs/handsoff2.pdf

Antecedentes: CGC y Sarayacu

Sarayacu tiene una larga historia de oposici?n a la explotaci?n petrolera, por causa de sus graves impactos ambientales y sociales. En 1989 impedimos que la compa?a ARCO termine sus exploraciones de petr?leo dentro de nuestro territorio. El conflicto con CGC tuvo su inicio en 1996 cuando el gobierno del Ecuador y la Compa?a General de Combustibles (CGC) de Argentina subscribieron un contrato de exploraci?n de petr?leo en el ?bloque 23?, abarcando 200 000 hect?reas de cuales la mayor parte es territorio de Sarayacu. El pueblo de Sarayacu no fuimos consultados y desde el inicio nos opusimos a la exploraci?n petrolera.
Por lo que Sarayacu es la comunidad que tiene mas habitantes y mas territorio dentro del bloque 23, CGC primero se acerc? a Sarayacu, intentando enga?ar a la gente a trav?s de ofreciemientos de dinero y obras de desarrollo. Logr? sobornar a Telmo Gualinga, presidente de Sarayacu 1997 - 1999 dandole un contrato personal para que construya un sistema de agua potable en su barrio de la comunidad. La compa?ia estaba tan seguro de que nos iba a convencer, que p?blicamente asegur? que no iba a empezar ningun trabajo de exploraci?n antes de obtener 100% de apoyo de las comunidades en el bloque. Sin embargo, el pueblo de Sarayacu no acept? la actividad petrolera, y los presidentes posteriores no se dejaron sobornar. Por lo tanto, desde el 2000 hasta ahora, la CGC ha mantenido una verdadera guerra de calumnias contra Sarayacu, con la finalidad de destruir la confianza entre el pueblo y sus propios dirigentes Como no pudo destruir a Sarayacu, la CGC empez? a tomar contactos con otras comunidades mas peque?as, contratando directamente a sus dirigentes, y as? logr? entrar en varias otras comunidades.
La estrategia de la CGC est? basada en soborno, desinformaci?n, y desintegraci?n social, y viola los art?culos 84 y 88 de la Constituci?n Pol?tica de la Rep?blica del Ecuador. Como accionistas en el bloque 23 tambi?n figuran la petrolera estadounidense Burlington Resources y la franc?s-brit?nica Perenco.

M?s informaci?n: www.sarayacu.com