La Corte Suprema de Justicia declar? la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final, y despej? as? el camino para la reapertura de cientos de causas por violaciones a los derechos humanos durante la ?ltima dictadura.

Por siete votos, una abstenci?n y la sola oposici?n del juez Carlos Fayt, la Corte consider? que las leyes que consagraron la impunidad sobre cientos de cr?menes cometidos durante la dictadura son contrarias a la Constituci?n Nacional, que en 1994 incorpor? a su texto tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos.

Los jueces Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay firmaron el fallo, aunque con argumentos diferentes, en tanto que Augusto Belluscio evit? pronunciarse debido a que anunci? d?as atr?s su alejamiento del m?ximo tribunal.

La Corte sent? jurisprudencia al fallar en un caso particular, las desapariciones de Marta Gertrudis Hlaczik y Jos? Liborio Poblete y la apropiaci?n de su hija, Claudia Poblete.

El juez Fayt, el ?nico que vot? en contra de la anulaci?n, aclar? mediante un comunicado que su postura "no significa, en modo alguno, justificar la aplastante enormidad del horror, ni dejar impunes los delitos cometidos durante la dictadura militar".

En los hechos, el fallo retrotrae la situaci?n judicial de los represores involucrados en causas por violaciones a los derechos humanos durante la ?ltima dictadura al momento anterior a la sanci?n de las leyes, en 1986, durante el gobierno del radical Ra?l Alfons?n.

As?, decenas de causas que involucran a unos 3.000 militares y ex militares ser?n reabiertas ante los tribunales federales de todo el pa?s, pero seg?n dijeron voceros de la Corte consultados no llegar?n a juicio oral y p?blico, pues deben regirse por el C?digo Penal vigente al momento de los hechos.

El m?ximo tribunal, adem?s, convalid? la ley del Congreso que a poco de asumir la presidencia N?stor Kirchner anul? ambas leyes.

El fallo ya ten?a dictamen del Procurador General de la Naci?n, Esteban Righi, quien consider? que las leyes son inconstitucionales, sobre la base de los tratados internacionales.

Cronolog?a de los hechos:

Diciembre de 1986:

El Parlamento aprueba la Ley de Punto Final, que pone un l?mite de tiempo para la acusaci?n y el procesamiento de acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, lo que deja fuera de proceso a miles de polic?as y militares.

Junio de 1987:

El Parlamento aprueba la ley de Obediencia Debida, que consagra la teor?a de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la represi?n ilegal forzados por los mandos superiores.

Octubre de 1989:

Un indulto dictado por el presidente Carlos Menem permite abandonar la prisi?n a 277 personas, entre ellas militares acusados de cr?menes de lesa humanidad y dirigentes que actuaron en la d?cada de los a?os 70.

Diciembre de 1990:

Otro indulto dispuesto por Menem beneficia a los mandos de las Juntas Militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos los dictadores Jorge Videla y Roberto Viola, adem?s del almirante Emilio Massera.

Marzo de 2001:

El juez federal Gabriel Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a partir de una recurso formulado por una agrupaci?n defensora de los derechos humanos.

Noviembre de 2001:

En segunda instancia, la C?mara Federal de Buenos Aires confirma el fallo del juez Cavallo sobre la nulidad de las "leyes del perd?n".

Agosto de 2003:

Por amplia mayor?a el Parlamento declara "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Septiembre de 2003:

La C?mara Federal de Buenos Aires ordena la reapertura de dos grandes causas por violaciones de los derechos humanos que hab?an sido cerradas a partir de la aprobaci?n de las "leyes del perd?n".

Mayo de 2005:

El jefe de los fiscales federales, Esteban Righi, dictamina que las dos normas son inconstitucionales, al d?a siguiente de que el Presidente N?stor Kirchner reclamase a la Corte una definici?n sobre estaqs leyes.

Junio de 2005:

La Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.