Jueves 30 de marzo. Caballito. Un incendio en un taller
textil. Seis v?ctimas, cuatro de ellas ni?os. El tr?gico destape para muchos y
la insorteable visibilidad de una situaci?n que los/as migrantes vienen
sufriendo desde hace d?cadas.
Cabe destacar que m?s del
10 % de la actual poblaci?n de la Ciudad Aut?noma de Buenos Aires est?
conformada por extranjeros que provienen de pa?ses lim?trofes y otros pa?ses y
de los cu?les el 54 % son
mujeres. Se estima que son cerca de 5.000 los/as costureros/as, en su
mayor?a indocumentados/as de origen boliviano, que son explotados en los cientos
de talleres ilegales que funcionan en los barrios de Mataderos, Liniers, Bajo
Flores
, Floresta, Caballito, Paternal, Villa Crespo y Once.
Vestirse de negro
La primera interpelaci?n, el primer responsable y culpable que aparece es el
Estado. Y, en efecto, es responsable y culpable: por otorgar habilitaciones a
establecimientos que no cumplen con los requisitos; por no allanar aquellos
donde las condiciones de trabajo no cumplen la ley; por no clausurar aquellos
donde se sabe que explotan a sus trabajadores/as; a trav?s del Ministerio del
Interior, el Estado argentino tambi?n es responsable de que los y las
inmigrantes no puedan obtener f?cilmente el Documento Nacional de Identidad y
regularizar su status migratorio, lo cual deja al inmigrante en una situaci?n de
irregularidad que ampl?a notablemente su debilidad respecto de los empresarios
explotadores; es responsable de haber hecho o?dos sordos ante las denuncias que
recibe desde hace demasiado tiempo.
La Liga Argentina por los Derechos del
Hombre hizo una presentaci?n judicial en la que denuncia la existencia de una
red que funciona a nivel internacional y que tendr?a como fin trasladar
ciudadanos/as bolivianos/as a la Argentina con el objeto de reducirlos a la
servidumbre en talleres textiles. Paralelamente, se acusa al C?nsul de Bolivia
en Argentina, Alvaro Gonzalez Quint, de participar en las intimaciones que
recibi? Gustavo Vera, dirigente de la asamblea de La Alameda y haber hecho o?dos
sordos a los reclamos que ven?a recibiendo en torno a violaciones a los derechos
de ciudadanos/as bolivianos/as desde hace varios meses junto a la Defensor?a del
Pueblo.
Graciela
Rosemblum, co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
afirma que "hay autoridades nacionales de Bolivia y de la Argentina que han
permitido la circulaci?n desde hace muchos a?os, esto no es nuevo y hay grandes
medios de comunicaci?n que han hecho de esto un enfrentamiento de pobres contra
pobres. Los talleristas que denuncian el trabajo esclavo son tan iguales como
los talleristas que est?n peleando por su trabajo y temen perderlo y en todo
caso son usados por un grupo de empresarios mal habidos". "En nuestro pa?s hay 2.000.000 de ciudadanos bolivianos y
una parte importante, calculamos nosotros, cercana al 1.200.000 est? viviendo en
condiciones insalubres en nuestro pa?s. Entonces pelear esto no es un problema
de Gustavo Vera dirigente de la asamblea o de la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre. Esto es un problema en que los gobiernos y particularmente el
gobierno argentino deben tomar medidas y, en la ciudad de Buenos Aires, deber?
hacerlo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", agrega Rosemblum.
Rodolfo
Yans?n, abogado de la Liga, explica que la denuncia presentada ataca "la actitud
que viene teniendo el titular del Consulado en Buenos Aires de la Rep?blica de
Bolivia". "Nos parece importante resaltar lo del c?nsul porque desde hace meses
ha venido teniendo una actitud realmente a favor de la existencia de estos
talleres textiles y para sostener la actividad ilegal que se est? realizando
all? adentro", afirma.
"La primera
actitud que tuvo el Consulado, incluso en la primera causa penal que se inici?
por la existencia de los talleres, que es una causa que est? en el ?mbito
federal desde octubre del a?o pasado por una denuncia de la Dra. Alicia Pierini,
el c?nsul minimiz? la situaci?n de servidumbre en la que estaban alojadas varias
personas en esos talleres y sali? a cuestionar muy fuertemente a las personas
que estaban denunciando. Por otro lado, ?l mismo reconoci? que su actitud ante
estos talleres textiles fue la de llamar a una especie de mediaci?n entre el
supuesto responsable del taller y las personas que estaban siendo victimizadas
dentro del taller, cuando hab?a alg?n tipo de fricci?n entre ellos. Algo as?
como que yo le dijera que una persona en plena violaci?n est? gritando diciendo
'me est?n violando' y apareciera un juez o un mediador diciendo 'bueno, vamos a
ver si llegamos a un entendimiento entre ambas personas'. Esto es inaudito. En
esta relaci?n no hay nada que mediar pero fue lo que el c?nsul hizo durante
mucho tiempo", destaca el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre. Y luego del tr?gico suceso en el
taller textil de la calle Luis Viale, "tom? posici?n franca y directa a favor de
los talleres textiles y, una vez m?s, sali? a cuestionar a las personas que
denuncian. Sali? a decir que este no es un problema de argentinos, que es un
problema de la colectividad boliviana, con lo cu?l nos est? diciendo que para el
la ley argentina no debe aplicarse a algunas personas en nuestro territorio",
asegura Yans?n.
Gonz?lez Quint logr? el pasado 2
de abril la confecci?n de un petitorio en que los due?os de los talleres textiles reclaman al gobierno nacional el cese
inmediato de los controles y los allanamientos. "Es decir, no nos queda ninguna
duda de que el C?nsul Gonz?lez Quint ha estado trabajando muy a favor
de la vigencia y la existencia de esta red ilegal que somete a miles
de personas", afirma Yans?n. Los miembros de la Liga creen necesario que se lo investigue
"para ver cu?l es el verdadero lazo que tiene el c?nsul con toda
esta red" y, finalmente, el martes 12 se dio a conocer que el fiscal federal
Federico Delgado acept? iniciar una investigaci?n contra el c?nsul de Bolivia en la ciudad de Buenos
Aires por su presunta participaci?n en una red de tr?fico
y explotaci?n de ciudadanos de su pa?s. Las expectativas de los miembros de la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre no eran demasiado elevadas, ya que el juez a cargo de la causa es Norberto Oyarbide, quien
estuvo a cargo a su vez de la causa iniciada por la Liga el a?o pasado en la
que, en palabras de Yans?n, "tuvo una actuaci?n escandalosamente deficiente".
Seg?n Yans?n, un fallo favorable en esta presentaci?n puede servir "para que podamos tener un primer
caso en el que la reducci?n a la servidumbre sea un delito que interese a los
jueces y no s?lo esto, sino tambi?n por la violaci?n a la Ley de Migraciones",
agrega.
La nueva Ley 25.871 de Migraciones establece en su art?culo 53 que
"los extranjeros que residan irregularmente en el pa?s no podr?n trabajar o
realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con
o sin relaci?n de dependencia".
Seg?n el art?culo 16 de la misma ley, ni
siquiera pueden realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta
propia o en relaci?n de dependencia los extranjeros admitidos o autorizados como
"residentes transitorios", con excepci?n de los incluidos en la subcategor?a de
"trabajadores migrantes estacionales" o quienes fueran expresamente autorizados
por la Direcci?n Nacional de Migraciones.
Pero la ley tambi?n regula la
contracara de esta situaci?n en su art?culo 55: "Asimismo, ninguna persona de
existencia visible o ideal, p?blica o privada, podr? proporcionar trabajo u
ocupaci?n remunerada, con o sin relaci?n de dependencia, a los extranjeros que
residan irregularmente".
Y dispone sanciones a quienes violen este art?culo con "una
multa cuyo monto ascender? a cincuenta (50) Salarios M?nimo Vital y M?vil por
cada extranjero, carente de habilitaci?n migratoria para trabajar, al que se
proporcione trabajo u ocupaci?n remunerada. El monto de la sanci?n a imponer
ser? de cien (100) Salarios M?nimo Vital y M?vil cuando se proporcione trabajo u
ocupaci?n remunerada a extranjeros no emancipados o menores de 14 a?os"
(art?culo 59).
Mientras el jefe de gobierno porte?o, Jorge Telerman,
advierte que "no habr? tregua" con los talleres textiles clandestinos en los que
existan violaciones a los derechos humanos, Luis Moreira, de la Federaci?n de
Entidades Bolivianas, afirma que ya hay cientos de trabajadores/as que perdieron
sus precarios puestos de trabajo ante las clausuras que comenz? a desparramar el
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y advierte que se emprendi? una oleada de
cierres indiscriminados de talleres, a?n de aquellos que cuentan con las
habilitaciones correspondientes. "?Qui?n tiene la culpa? El Estado tiene la
culpa, sencillamente, porque tiene que controlar y no controla. Y si controlan
hacen la vista gorda por llevarse unos mangos", manifiesta Moreira.
Por su parte, la Uni?n de Trabajadores Costureros encabez?
varias de las marchas que tuvieron lugar en los ?ltimos d?as, bajo la consigna
"Trabajo digno. C?rcel a los Explotadores. Acceso a la documentaci?n". Junto a
la asamblea de La Alameda, piden que "se confisquen las maquinarias de estos
talleres esclavos para que sean entregadas a las v?ctimas a fin de que las
trabajen en forma cooperativa como parte de un plan de reinserci?n laboral en
condiciones dignas".
Derechos torcidos
Y esta situaci?n que encontr? su estallido para muchos funcionarios y medios
de comunicaci?n a partir de una tragedia en una f?brica textil pero que para
decenas de organizaciones sintetiza dram?ticamente las advertencias y denuncias
que vienen haciendo desde hace a?os, se reproduce en much?simas otras
actividades productivas. El trabajo frutihort?cola es una de ellas. Son miles
los "quinteros" y las "quinteras" que trabajan bajo condiciones inhumanas en el
pa?s. Gisel Morales es hija de bolivianos y creci? viendo el maltrato que sufren
sus compatriotas en las quintas: "Me he criado viendo a mis vecinas, como han
sido torturadas y que no ten?an la misma justicia que los dem?s. He crecido con
tanta impotencia de no poder hacer nada, de no tener c?mo defendernos, de crecer
en tanta diferencia porque no ten?amos ayuda de nadie. No se si es por el color
o porque mis paisanas no saben expresar bien lo que quieren decir, quiz?s por
eso no han podido hacerse entende. Han sido no solamente robados, porque eso a
cualquiera le pasa. Mis paisanos han sido torturados, violados. No se por qu?
raz?n, porque se podr?an haber llevado el dinero pero lo que se llevaron fue
nuestra dignidad, nuestras esperanzas de seguir adelante. A muchos les han
quitado los hijos y han matado a muchos ni?os. Hemos ido a las comisar?as y nos
han dicho que no podemos radicar la denuncia porque no tenemos documentos. No se
si eso es verdad. ?Es verdad que no podemos estudiar o terminar nuestros
estudios porque no tenemos documentos? ?Es verdad que no nos atienden en los
hospitales porque no tenemos documentos? Hay muchas cosas que nos hemos callado
y nos hemos reprimido porque no tenemos documentos. Todo nos cuesta m?s trabajo.
Trabajar ocho horas ser?a muy lindo pero lo que nuestras familias est?n
sufriendo es que tienen que trabajar padre, madre, hijos, nietos para hacer unos
pocos centavos y nos cuesta el triple salir adelante. No se si es as?... Me
parece que hay muchas cosas que no son normales..."
Lo mismo ocurre con
los/as zafreros/as en Tucum?n, con los trabajadores de la construcci?n, lo mismo
ocurre con las mujeres migrantes y el trabajo dom?stico. Gloria, una mujer
migrante, denuncia que "las mujeres de trabajo dom?stico no son iguales a los
dem?s. ?Por qu? digo esto? Y lo digo con todo el dolor... Porque no tienen
permiso de estudiar. Porque no tienen permiso de maternidad. ?Ese bebe no
corresponde a nuestra sociedad? Esa es mi pregunta. Aportamos en todas partes
del mundo con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros nietos... pero
queremos que respondan a nuestra necesidad".
Tambi?n hay un alto porcentaje
de familias migrantes que se dedican al reciclaje informal de residuos. Una
investigaci?n llevada a cabo en 2005 por la Organizaci?n Internacional para las
Migraciones (OIM) y UNICEF sobre "Trabajo Infantil en el Reciclaje Informal",
concluy? que la mayor?a de familias de cartoneros de Villa 31 eran tambi?n
familias migrantes. S?lo en la ciudad de Buenos Aires, el equipo de
investigaci?n contabiliz? a 8.762 personas que recog?an material reciclable en
las bolsas de basura que encontraban por las calles de la ciudad y basureros.
Casi la mitad de recicladores informales o cartoneros de Buenos Aires son ni?os
y j?venes, y el 39% son familias de migrantes internos.
La OIM se encuentra
ahora trabajando en la Villa 31 en Capital Federal con el Proyecto
Recuperar, cuyo principal objetivo consiste en prestar apoyo en forma de
microcr?ditos a grupos con ideas concretas para crear microempresas. Los
cr?ditos se aprueban en el caso de familias consideradas en situaci?n de
"vulnerabilidad extrema", con el fin de mejorar sus condiciones de vida y los
niveles de ingresos familiares. Adem?s, el proyecto tiene por objetivo aumentar
el grado de comprensi?n de los derechos de los ni?os y garantizar que los hijos
de las familias migrantes concurran a la escuela y se encuentren en lugares
seguros mientras sus padres est?n trabajando. El proyecto trabaja tambi?n con
las familias para regularizar su situaci?n migratoria y solicitar la
documentaci?n correspondiente.
Como expusimos al comienzo, hay un com?n
denominador a todas estas situaciones y es, en primer lugar, el incumplimiento
de las funciones del Estado en m?ltiples ?reas. Y no s?lo en relaci?n a lo
estrictamente laboral, a lo estrictamente econ?mico, a lo estrictamente
migratorio, si es que esas esferas pueden escindirse tan simplemente. Pero aqu?
tambi?n est? en juego la contracara del incumplimiento del Estado: la ciudadan?a
como la capacidad para ejercer los derechos humanos. Y el fortalecimiento de esa
ciudadan?a tambi?n ata?e a los y las migrantes. A?n cuando hablamos de un Estado
que es responsable de obstaculizar la construcci?n de ciudadan?a.
La fil?sofa
Diana Maff?a distingue cinco barreras para el ejercicio de los derechos humanos.
Es decir, barreras que tambi?n lo ser?n para el ejercicio de la ciudadan?a y que
aqu? proponemos aplicar al caso de los y las migrantes.
Una primera barrera es la que llama una barrera epist?mica, que tiene que ver
con el conocimiento. No conocer los derechos es una primera barrera para la
construcci?n de ciudadan?a porque no se puede ejercer un derecho que no se
conoce. Y conocer ese derecho no garantiza que se lo entienda no que se llegue a
mensurar qu? impacto va a tener esa norma abstracta en la vida cotidiana. Y a
esta barrera se enfrenta la gran mayor?a de los y las migrantes.
Hay una segunda barrera que Maff?a denomina subjetiva. La barrera subjetiva
consiste en que aunque el o la migrante sepa que tiene derechos, no se siente
digno/a de reclamarlos y ejercerlos. "El discurso dominante ha trasformado a
ciertos sujetos en sujetos de segunda, que sobran, que no existen, que molestan,
es algo que impacta en la subjetividad de tal manera que, aunque se sepa que el
derecho existe, ese derecho no va ser ejercido, no va a ser reclamado", se?ala
Maffia, quien trabaj? en la Defensor?a de la Ciudad de Buenos Aires con
migrantes. "Los migrantes tienen los mismos derechos que la poblaci?n aut?ctona,
es decir, ellos pueden tener salud gratuita, educaci?n gratuita, llevar sus
hijos a la escuela. Pero subjetivamente no sent?an la seguridad de saber que era
un derecho que pod?an ejercer. Y no lo reclamaban y aceptaban si iban a un
hospital y les dec?an que si no tienen documento de identidad argentino no
pueden ser atendidos o que su hijo no puede ir a la escuela porque no tiene
documento. Lo aceptaban aunque uno les mostrara que la Constituci?n dice que
pod?an tener salud y educaci?n universal. Quiere decir que esta barrera
subjetiva, trabajar sobre nuestra dignidad como sujetos, es realmente la barrera
m?s desafiante, m?s dif?cil, que requiere un acompa?amiento sistem?tico y de
largo plazo", afirma.
La tercera barrera es una barrera formal. "Los derechos humanos deben ser
eficaces sobre nuestras vidas particulares sin la necesidad de mediaci?n de
leyes", afirma Maff?a. "Sin embargo, muchas veces si no se legisla
espec?ficamente, si no se reglamenta, las personas no se hacen cargo de cumplir
con eso que demandan los derechos humanos. Si no tenemos una ley espec?fica es
dif?cil que se cumpla", agrega. Y la ley 25.871, los tratados binacionales e
internacionales en materia migratoria est?n para ser cumplidos.
Una cuarta barrera es pol?tica y tiene que ver con la voluntad de cumplir con
los derechos de las personas. "Es decir que aunque est? el principio de derechos
humanos y est? la ley, si el funcionario no tiene voluntad de que se aplique, no
lo aplica", manifiesta la fil?sofa. Y aqu? la ciudadan?a se enfrenta a un abismo
entre los discursos voluntaristas de los funcionarios y las aplicaciones
concretas y reales de la ley.
Y la ?ltima barrera es la jur?dica. Se trata
de una barrera que pasa por la exigibilidad de los derechos humanos, "que es lo
que distingue a los derechos humanos de una mera ret?rica", distingue. "El
derecho que no es exigible, no es nada m?s que palabras", agrega. Aqu?, as? como
en el punto anterior, se hace necesario apelar a la capacidad organizativa
ciudadana, fortalecer aquellas asociaciones que permitir?n a los y las migrantes
reconstru?r las redes sociales, pol?ticas y econ?micas que vieron desmoronarse
al traspasar la frontera y sumar fuerzas para exigir el cumplimiento de esos
derechos.
Apelar a esas organizaciones que trabajan pr?cticamente en
soledad por sortear muchas de las anteriores barreras y deber?n pelear por el
derrumbe de las ?ltimas. Porque, como dijera alguna vez Jos? Saramago, hoy por
hoy la lucha revolucionaria es la lucha por la vigencia de la Declaraci?n
Universal de los Derechos Humanos.
Algunos datos de organizaciones en el tema:
Asociaci?n Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en
Argentina
Capital Federal
011-47726995
mujeresunidas@yahoo.com.ar
Centro de las Culturas
Capital Federal
Lavalle 1330 piso 1
of. 3
011-43727603/45838891
comisionddhh@centrodeculturas.org
www.centrodeculturas.org
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Capital
Federal
Lavalle 348 5? piso
011-43115748/5948/6290
Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos
Capital Federal
Av.
Callao 569 3? Cuerpo 1? piso Of. 15
011-43744382
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Rosario-Santa Fe
C?rdoba 951 PA Of. 3
apdhrosario@yahoo.com.ar
apdh_rosario@yahoo.com.ar
Asociaci?n de Colectividades Extranjeras de Rosario
Rosario-Santa
Fe
Montevideo
611
0341-4484273
Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
Capital
Federal
011-43426749/43347717/43426749/43310832
cemla@cemla.com
Comit? Intergubernamental de
Migraciones
Capital
Federal
Suipacha
570 7? piso
011-43327041/6459
Consulado de Chile
Rosario-Santa Fe
Rioja 1037 piso
2
0341-4264023/4494032/4494036
Consulado de Paraguay
Rosario-Santa Fe
Mitre 780
P.A.
0341-494043/4490993/4494043
Consulado de Bolivia
Rosario-Santa Fe
Ovidio Lagos
711
0341-4352040
Consulado del Uruguay
Rosario-Santa Fe
Rioja 1037
piso 7
0341-4219077/4246860
Departamento de Migraciones
Capital
Federal
011-43624444
Departamento de Migraciones-Delegaci?n Diocesana de la Fundaci?n Comisi?n
Cat?lica Argentina de Migraciones
Rosario-Santa Fe
Buenos Aires 1563
PA
0341-4497412/4479700
www.migrantesrosario.com.ar
info@migrantesrosario.com.ar
Fundaci?n Comisi?n Cat?lica Argentina de Migraciones
Capital
Federal
Laprida 930
011-49636889/49622663
Atenci?n: lunes,
martes y jueves de 10 a 15 hs.
Departamento Nacional de Migraciones de la CTA
Capital
Federal
Independencia 766 1 piso
011-43073829 (interno 47)
Fax: 43001015
ctamigraciones@ciudad.com.ar
Direcci?n Nacional de Migraciones
Capital Federal
Av. Antartida Argentina 1355 Edificio 3
011-43170237/8
Atenci?n: de 8:00 a 13:00 hs.
info@migraciones.gov.ar
Direcci?n Nacional de Migraciones
Rosario-Santa Fe
Urquiza
1798
0341-4484807/4492738
Fax: 4252419
del.rosario@migraciones.gov.ar
Foro de ONG que Luchan contra la Discriminaci?n
Capital Federal
011-49510651
foronodiscriminacion@hotmail.com
Organizaci?n Internacional para las Migraciones
Capital
Federal
Av. Callao 1033 3? piso
011-48126058/3158
Secretar?a de Derechos Humanos de la
Provincia de Santa Fe
Rosario-Santa Fe
Moreno
248
0341-4721466/1467
SOS Discriminaci?n Internacional
0223-4842780
info@discriminacion.org
www.discriminacion.org
)