Jueves 30 de marzo. Caballito. Un incendio en un taller textil. Seis v?ctimas, cuatro de ellas ni?os. El tr?gico destape para muchos y la insorteable visibilidad de una situaci?n que los/as migrantes vienen sufriendo desde hace d?cadas.
Cabe destacar que m?s del 10 % de la actual poblaci?n de la Ciudad Aut?noma de Buenos Aires est? conformada por extranjeros que provienen de pa?ses lim?trofes y otros pa?ses y de los cu?les el 54 % son mujeres. Se estima que son cerca de 5.000 los/as costureros/as, en su mayor?a indocumentados/as de origen boliviano, que son explotados en los cientos de talleres ilegales que funcionan en los barrios de Mataderos, Liniers, Bajo Flores , Floresta, Caballito, Paternal, Villa Crespo y Once.

Vestirse de negro

La primera interpelaci?n, el primer responsable y culpable que aparece es el Estado. Y, en efecto, es responsable y culpable: por otorgar habilitaciones a establecimientos que no cumplen con los requisitos; por no allanar aquellos donde las condiciones de trabajo no cumplen la ley; por no clausurar aquellos donde se sabe que explotan a sus trabajadores/as; a trav?s del Ministerio del Interior, el Estado argentino tambi?n es responsable de que los y las inmigrantes no puedan obtener f?cilmente el Documento Nacional de Identidad y regularizar su status migratorio, lo cual deja al inmigrante en una situaci?n de irregularidad que ampl?a notablemente su debilidad respecto de los empresarios explotadores; es responsable de haber hecho o?dos sordos ante las denuncias que recibe desde hace demasiado tiempo.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre hizo una presentaci?n judicial en la que denuncia la existencia de una red que funciona a nivel internacional y que tendr?a como fin trasladar ciudadanos/as bolivianos/as a la Argentina con el objeto de reducirlos a la servidumbre en talleres textiles. Paralelamente, se acusa al C?nsul de Bolivia en Argentina, Alvaro Gonzalez Quint, de participar en las intimaciones que recibi? Gustavo Vera, dirigente de la asamblea de La Alameda y haber hecho o?dos sordos a los reclamos que ven?a recibiendo en torno a violaciones a los derechos de ciudadanos/as bolivianos/as desde hace varios meses junto a la Defensor?a del Pueblo.
Graciela Rosemblum, co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, afirma que "hay autoridades nacionales de Bolivia y de la Argentina que han permitido la circulaci?n desde hace muchos a?os, esto no es nuevo y hay grandes medios de comunicaci?n que han hecho de esto un enfrentamiento de pobres contra pobres. Los talleristas que denuncian el trabajo esclavo son tan iguales como los talleristas que est?n peleando por su trabajo y temen perderlo y en todo caso son usados por un grupo de empresarios mal habidos". "En nuestro pa?s hay 2.000.000 de ciudadanos bolivianos y una parte importante, calculamos nosotros, cercana al 1.200.000 est? viviendo en condiciones insalubres en nuestro pa?s. Entonces pelear esto no es un problema de Gustavo Vera dirigente de la asamblea o de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Esto es un problema en que los gobiernos y particularmente el gobierno argentino deben tomar medidas y, en la ciudad de Buenos Aires, deber? hacerlo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", agrega Rosemblum.

Rodolfo Yans?n, abogado de la Liga, explica que la denuncia presentada ataca "la actitud que viene teniendo el titular del Consulado en Buenos Aires de la Rep?blica de Bolivia". "Nos parece importante resaltar lo del c?nsul porque desde hace meses ha venido teniendo una actitud realmente a favor de la existencia de estos talleres textiles y para sostener la actividad ilegal que se est? realizando all? adentro", afirma.
"La primera actitud que tuvo el Consulado, incluso en la primera causa penal que se inici? por la existencia de los talleres, que es una causa que est? en el ?mbito federal desde octubre del a?o pasado por una denuncia de la Dra. Alicia Pierini, el c?nsul minimiz? la situaci?n de servidumbre en la que estaban alojadas varias personas en esos talleres y sali? a cuestionar muy fuertemente a las personas que estaban denunciando. Por otro lado, ?l mismo reconoci? que su actitud ante estos talleres textiles fue la de llamar a una especie de mediaci?n entre el supuesto responsable del taller y las personas que estaban siendo victimizadas dentro del taller, cuando hab?a alg?n tipo de fricci?n entre ellos. Algo as? como que yo le dijera que una persona en plena violaci?n est? gritando diciendo 'me est?n violando' y apareciera un juez o un mediador diciendo 'bueno, vamos a ver si llegamos a un entendimiento entre ambas personas'. Esto es inaudito. En esta relaci?n no hay nada que mediar pero fue lo que el c?nsul hizo durante mucho tiempo", destaca el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y luego del tr?gico suceso en el taller textil de la calle Luis Viale, "tom? posici?n franca y directa a favor de los talleres textiles y, una vez m?s, sali? a cuestionar a las personas que denuncian. Sali? a decir que este no es un problema de argentinos, que es un problema de la colectividad boliviana, con lo cu?l nos est? diciendo que para el la ley argentina no debe aplicarse a algunas personas en nuestro territorio", asegura Yans?n. 
Gonz?lez Quint logr? el pasado 2 de abril la confecci?n de un petitorio en que los due?os de los talleres textiles reclaman al gobierno nacional el cese inmediato de los controles y los allanamientos. "Es decir, no nos queda ninguna duda de que el C?nsul Gonz?lez Quint ha estado trabajando muy a favor de la vigencia y la existencia de esta red ilegal que somete a miles de personas", afirma Yans?n. Los miembros de la Liga creen necesario que se lo investigue "para ver cu?l es el verdadero lazo que tiene el c?nsul con toda esta red" y, finalmente, el martes 12 se dio a conocer que el fiscal federal Federico Delgado acept? iniciar una investigaci?n contra el c?nsul de Bolivia en la ciudad de Buenos Aires por su presunta participaci?n en una red de tr?fico y explotaci?n de ciudadanos de su pa?s. Las expectativas de los miembros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre no eran demasiado elevadas, ya que el juez a cargo de la causa es Norberto Oyarbide, quien estuvo a cargo a su vez de la causa iniciada por la Liga el a?o pasado en la que, en palabras de Yans?n, "tuvo una actuaci?n escandalosamente deficiente". 
Seg?n Yans?n, un fallo favorable en esta presentaci?n puede servir "para que podamos tener un primer caso en el que la reducci?n a la servidumbre sea un delito que interese a los jueces y no s?lo esto, sino tambi?n por la violaci?n a la Ley de Migraciones", agrega.
La nueva Ley 25.871 de Migraciones establece en su art?culo 53 que "los extranjeros que residan irregularmente en el pa?s no podr?n trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relaci?n de dependencia".
Seg?n el art?culo 16 de la misma ley, ni siquiera pueden realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relaci?n de dependencia los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes transitorios", con excepci?n de los incluidos en la subcategor?a de "trabajadores migrantes estacionales" o quienes fueran expresamente autorizados por la Direcci?n Nacional de Migraciones.
Pero la ley tambi?n regula la contracara de esta situaci?n en su art?culo 55: "Asimismo, ninguna persona de existencia visible o ideal, p?blica o privada, podr? proporcionar trabajo u ocupaci?n remunerada, con o sin relaci?n de dependencia, a los extranjeros que residan irregularmente".
Y dispone sanciones a quienes violen este art?culo con "una multa cuyo monto ascender? a cincuenta (50) Salarios M?nimo Vital y M?vil por cada extranjero, carente de habilitaci?n migratoria para trabajar, al que se proporcione trabajo u ocupaci?n remunerada. El monto de la sanci?n a imponer ser? de cien (100) Salarios M?nimo Vital y M?vil cuando se proporcione trabajo u ocupaci?n remunerada a extranjeros no emancipados o menores de 14 a?os" (art?culo 59).

Mientras el jefe de gobierno porte?o, Jorge Telerman, advierte que "no habr? tregua" con los talleres textiles clandestinos en los que existan violaciones a los derechos humanos, Luis Moreira, de la Federaci?n de Entidades Bolivianas, afirma que ya hay cientos de trabajadores/as que perdieron sus precarios puestos de trabajo ante las clausuras que comenz? a desparramar el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y advierte que se emprendi? una oleada de cierres indiscriminados de talleres, a?n de aquellos que cuentan con las habilitaciones correspondientes. "?Qui?n tiene la culpa? El Estado tiene la culpa, sencillamente, porque tiene que controlar y no controla. Y si controlan hacen la vista gorda por llevarse unos mangos", manifiesta Moreira.
Por su parte, la Uni?n de Trabajadores Costureros encabez? varias de las marchas que tuvieron lugar en los ?ltimos d?as, bajo la consigna "Trabajo digno. C?rcel a los Explotadores. Acceso a la documentaci?n". Junto a la asamblea de La Alameda, piden que "se confisquen las maquinarias de estos talleres esclavos para que sean entregadas a las v?ctimas a fin de que las trabajen en forma cooperativa como parte de un plan de reinserci?n laboral en condiciones dignas".

Derechos torcidos

Y esta situaci?n que encontr? su estallido para muchos funcionarios y medios de comunicaci?n a partir de una tragedia en una f?brica textil pero que para decenas de organizaciones sintetiza dram?ticamente las advertencias y denuncias que vienen haciendo desde hace a?os, se reproduce en much?simas otras actividades productivas. El trabajo frutihort?cola es una de ellas. Son miles los "quinteros" y las "quinteras" que trabajan bajo condiciones inhumanas en el pa?s. Gisel Morales es hija de bolivianos y creci? viendo el maltrato que sufren sus compatriotas en las quintas: "Me he criado viendo a mis vecinas, como han sido torturadas y que no ten?an la misma justicia que los dem?s. He crecido con tanta impotencia de no poder hacer nada, de no tener c?mo defendernos, de crecer en tanta diferencia porque no ten?amos ayuda de nadie. No se si es por el color o porque mis paisanas no saben expresar bien lo que quieren decir, quiz?s por eso no han podido hacerse entende. Han sido no solamente robados, porque eso a cualquiera le pasa. Mis paisanos han sido torturados, violados. No se por qu? raz?n, porque se podr?an haber llevado el dinero pero lo que se llevaron fue nuestra dignidad, nuestras esperanzas de seguir adelante. A muchos les han quitado los hijos y han matado a muchos ni?os. Hemos ido a las comisar?as y nos han dicho que no podemos radicar la denuncia porque no tenemos documentos. No se si eso es verdad. ?Es verdad que no podemos estudiar o terminar nuestros estudios porque no tenemos documentos? ?Es verdad que no nos atienden en los hospitales porque no tenemos documentos? Hay muchas cosas que nos hemos callado y nos hemos reprimido porque no tenemos documentos. Todo nos cuesta m?s trabajo. Trabajar ocho horas ser?a muy lindo pero lo que nuestras familias est?n sufriendo es que tienen que trabajar padre, madre, hijos, nietos para hacer unos pocos centavos y nos cuesta el triple salir adelante. No se si es as?... Me parece que hay muchas cosas que no son normales..."
Lo mismo ocurre con los/as zafreros/as en Tucum?n, con los trabajadores de la construcci?n, lo mismo ocurre con las mujeres migrantes y el trabajo dom?stico. Gloria, una mujer migrante, denuncia que "las mujeres de trabajo dom?stico no son iguales a los dem?s. ?Por qu? digo esto? Y lo digo con todo el dolor... Porque no tienen permiso de estudiar. Porque no tienen permiso de maternidad. ?Ese bebe no corresponde a nuestra sociedad? Esa es mi pregunta. Aportamos en todas partes del mundo con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros nietos... pero queremos que respondan a nuestra necesidad".
Tambi?n hay un alto porcentaje de familias migrantes que se dedican al reciclaje informal de residuos. Una investigaci?n llevada a cabo en 2005 por la Organizaci?n Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF sobre "Trabajo Infantil en el Reciclaje Informal", concluy? que la mayor?a de familias de cartoneros de Villa 31 eran tambi?n familias migrantes. S?lo en la ciudad de Buenos Aires, el equipo de investigaci?n contabiliz? a 8.762 personas que recog?an material reciclable en las bolsas de basura que encontraban por las calles de la ciudad y basureros. Casi la mitad de recicladores informales o cartoneros de Buenos Aires son ni?os y j?venes, y el 39% son familias de migrantes internos.
La OIM se encuentra ahora trabajando en la Villa 31 en Capital Federal con el Proyecto Recuperar, cuyo principal objetivo consiste en prestar apoyo en forma de microcr?ditos a grupos con ideas concretas para crear microempresas. Los cr?ditos se aprueban en el caso de familias consideradas en situaci?n de "vulnerabilidad extrema", con el fin de mejorar sus condiciones de vida y los niveles de ingresos familiares. Adem?s, el proyecto tiene por objetivo aumentar el grado de comprensi?n de los derechos de los ni?os y garantizar que los hijos de las familias migrantes concurran a la escuela y se encuentren en lugares seguros mientras sus padres est?n trabajando. El proyecto trabaja tambi?n con las familias para regularizar su situaci?n migratoria y solicitar la documentaci?n correspondiente.
Como expusimos al comienzo, hay un com?n denominador a todas estas situaciones y es, en primer lugar, el incumplimiento de las funciones del Estado en m?ltiples ?reas. Y no s?lo en relaci?n a lo estrictamente laboral, a lo estrictamente econ?mico, a lo estrictamente migratorio, si es que esas esferas pueden escindirse tan simplemente. Pero aqu? tambi?n est? en juego la contracara del incumplimiento del Estado: la ciudadan?a como la capacidad para ejercer los derechos humanos. Y el fortalecimiento de esa ciudadan?a tambi?n ata?e a los y las migrantes. A?n cuando hablamos de un Estado que es responsable de obstaculizar la construcci?n de ciudadan?a.
La fil?sofa Diana Maff?a distingue cinco barreras para el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, barreras que tambi?n lo ser?n para el ejercicio de la ciudadan?a y que aqu? proponemos aplicar al caso de los y las migrantes.

Una primera barrera es la que llama una barrera epist?mica, que tiene que ver con el conocimiento. No conocer los derechos es una primera barrera para la construcci?n de ciudadan?a porque no se puede ejercer un derecho que no se conoce. Y conocer ese derecho no garantiza que se lo entienda no que se llegue a mensurar qu? impacto va a tener esa norma abstracta en la vida cotidiana. Y a esta barrera se enfrenta la gran mayor?a de los y las migrantes.

Hay una segunda barrera que Maff?a denomina subjetiva. La barrera subjetiva consiste en que aunque el o la migrante sepa que tiene derechos, no se siente digno/a de reclamarlos y ejercerlos. "El discurso dominante ha trasformado a ciertos sujetos en sujetos de segunda, que sobran, que no existen, que molestan, es algo que impacta en la subjetividad de tal manera que, aunque se sepa que el derecho existe, ese derecho no va ser ejercido, no va a ser reclamado", se?ala Maffia, quien trabaj? en la Defensor?a de la Ciudad de Buenos Aires con migrantes. "Los migrantes tienen los mismos derechos que la poblaci?n aut?ctona, es decir, ellos pueden tener salud gratuita, educaci?n gratuita, llevar sus hijos a la escuela. Pero subjetivamente no sent?an la seguridad de saber que era un derecho que pod?an ejercer. Y no lo reclamaban y aceptaban si iban a un hospital y les dec?an que si no tienen documento de identidad argentino no pueden ser atendidos o que su hijo no puede ir a la escuela porque no tiene documento. Lo aceptaban aunque uno les mostrara que la Constituci?n dice que pod?an tener salud y educaci?n universal. Quiere decir que esta barrera subjetiva, trabajar sobre nuestra dignidad como sujetos, es realmente la barrera m?s desafiante, m?s dif?cil, que requiere un acompa?amiento sistem?tico y de largo plazo", afirma.

La tercera barrera es una barrera formal. "Los derechos humanos deben ser eficaces sobre nuestras vidas particulares sin la necesidad de mediaci?n de leyes", afirma Maff?a. "Sin embargo, muchas veces si no se legisla espec?ficamente, si no se reglamenta, las personas no se hacen cargo de cumplir con eso que demandan los derechos humanos. Si no tenemos una ley espec?fica es dif?cil que se cumpla", agrega. Y la ley 25.871, los tratados binacionales e internacionales en materia migratoria est?n para ser cumplidos.

Una cuarta barrera es pol?tica y tiene que ver con la voluntad de cumplir con los derechos de las personas. "Es decir que aunque est? el principio de derechos humanos y est? la ley, si el funcionario no tiene voluntad de que se aplique, no lo aplica", manifiesta la fil?sofa. Y aqu? la ciudadan?a se enfrenta a un abismo entre los discursos voluntaristas de los funcionarios y las aplicaciones concretas y reales de la ley.

Y la ?ltima barrera es la jur?dica. Se trata de una barrera que pasa por la exigibilidad de los derechos humanos, "que es lo que distingue a los derechos humanos de una mera ret?rica", distingue. "El derecho que no es exigible, no es nada m?s que palabras", agrega. Aqu?, as? como en el punto anterior, se hace necesario apelar a la capacidad organizativa ciudadana, fortalecer aquellas asociaciones que permitir?n a los y las migrantes reconstru?r las redes sociales, pol?ticas y econ?micas que vieron desmoronarse al traspasar la frontera y sumar fuerzas para exigir el cumplimiento de esos derechos.
Apelar a esas organizaciones que trabajan pr?cticamente en soledad por sortear muchas de las anteriores barreras y deber?n pelear por el derrumbe de las ?ltimas. Porque, como dijera alguna vez Jos? Saramago, hoy por hoy la lucha revolucionaria es la lucha por la vigencia de la Declaraci?n Universal de los Derechos Humanos.

Algunos datos de organizaciones en el tema:

Asociaci?n Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina 
Capital Federal
011-47726995
mujeresunidas@yahoo.com.ar 

Centro de las Culturas  
Capital Federal
Lavalle 1330 piso 1 of. 3
011-43727603/45838891 
comisionddhh@centrodeculturas.org 
www.centrodeculturas.org

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Capital Federal
Lavalle 348 5? piso
011-43115748/5948/6290
 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Capital Federal  
Av. Callao 569 3? Cuerpo 1? piso Of. 15
011-43744382

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Rosario-Santa Fe 
C?rdoba 951 PA Of. 3   
apdhrosario@yahoo.com.ar  
apdh_rosario@yahoo.com.ar

Asociaci?n de Colectividades Extranjeras de Rosario
Rosario-Santa Fe    
Montevideo 611        
0341-4484273

Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
Capital Federal   
011-43426749/43347717/43426749/43310832              
cemla@cemla.com

Comit? Intergubernamental de Migraciones         
Capital Federal          
Suipacha 570 7? piso
011-43327041/6459

Consulado de Chile  
Rosario-Santa Fe
Rioja 1037 piso 2 
0341-4264023/4494032/4494036

Consulado de Paraguay
Rosario-Santa Fe 
Mitre 780 P.A.      
0341-494043/4490993/4494043

Consulado de Bolivia 
Rosario-Santa Fe  
Ovidio Lagos 711 
0341-4352040

Consulado del Uruguay   
Rosario-Santa Fe
Rioja 1037 piso 7  
0341-4219077/4246860

Departamento de Migraciones  
Capital Federal    
011-43624444

Departamento de Migraciones-Delegaci?n Diocesana de la Fundaci?n Comisi?n Cat?lica Argentina de Migraciones
Rosario-Santa Fe
Buenos Aires 1563 PA 
0341-4497412/4479700   
www.migrantesrosario.com.ar 
info@migrantesrosario.com.ar

Fundaci?n Comisi?n Cat?lica Argentina de Migraciones
Capital Federal 
Laprida 930
011-49636889/49622663
Atenci?n: lunes, martes y jueves de 10 a 15 hs. 

Departamento Nacional de Migraciones de la CTA  
Capital Federal   
Independencia 766 1 piso  
011-43073829 (interno 47)  
Fax: 43001015 
ctamigraciones@ciudad.com.ar

Direcci?n Nacional de Migraciones   
Capital Federal 
Av. Antartida Argentina 1355 Edificio 3  
011-43170237/8
Atenci?n: de 8:00 a 13:00 hs. 
info@migraciones.gov.ar

Direcci?n Nacional de Migraciones
Rosario-Santa Fe 
Urquiza 1798 
0341-4484807/4492738 
Fax: 4252419 
del.rosario@migraciones.gov.ar

Foro de ONG que Luchan contra la Discriminaci?n    
Capital Federal 
011-49510651  
foronodiscriminacion@hotmail.com   

Organizaci?n Internacional para las Migraciones 
Capital Federal 
Av. Callao 1033 3? piso
011-48126058/3158
 
Secretar?a de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe   
Rosario-Santa Fe
Moreno 248  
0341-4721466/1467   

SOS Discriminaci?n Internacional
0223-4842780
info@discriminacion.org
www.discriminacion.org